Los datos no dejan lugar a dudas. La exclusión severa, según el Informe sobre exclusión y desarrollo social de 2014 de Fundación Foessa y Cáritas, se ha incrementado en un 82,6 % en los últimos meses y afecta a cinco millones de personas en nuestro país. La vulnerabilidad y la precariedad social son datos alarmantes, afectando de forma especial a mujeres, mayores y niños.
La exclusión social está determinada por la persistencia de problemas económicos graves, vinculados especialmente al desempleo y la precariedad laboral. Esta situación conlleva dificultades para pagar hipotecas o alquileres, a asumir las facturas de luz y gas, y a privaciones materiales y sociales severas. Asimismo, en cada vez más casos, el riesgo de pobreza afecta a los problemas de salud, cronificando enfermedades ya que, o bien se carece de cobertura, o bien no se puede acceder a medicamentos que no cubre la Seguridad Social.
Solo el compromiso de blindar las prestaciones sociales, puede revertir esta situación. “Rescartar a las personas” debe convertirse en la prioridad política, con propuestas coherentes que atiendan a las nuevas situaciones de pobreza que existen en España.
Para empezar, sin una la garantía al derecho a la educación y a una sanidad públicas, universales y de calidad, no se puede avanzar en el desarrollo social. Igualmente, políticas para favorecer un empleo digno o un una garantía de ingresos mínimos, mediante subsidios cuando existe dificultad real en el acceso. Desde las administraciones hay que atender a la cobertura de las necesidades básicas de las familias, poniendo especial énfasis en situaciones nuevas de exclusión social como el aislamiento de mayores o personas con discapacidad, pobreza energética o trabajadores que no consiguen salir de la pobreza. La garantía a una vivienda es sin duda una prioridad esencial, por lo que hay que promover medidas antidesahucio, alquileres sociales y viviendas de acogida en caso de necesidad. El tener un hogar condiciona el acceso al mundo laboral, a los servicios sociales y a las prestaciones sanitarias.
Por último, es necesario prestar atención especial a los niños y jóvenes en situación de pobreza, cubriendo necesidades básicas, que incluyan ocio infantil. Y promover la atención psicosocial de las personas en situación de vulnerabilidad, para que puedan avanzar de forma responsable en la toma de decisiones para su desarrollo.
El reto es enorme, pero para conseguir que el espacio de exclusión social en España se vaya reduciendo, el compromiso con las personas y sus necesidades tiene que ser firme.
Mar Carlavilla es Licenciada en Periodismo y se Doctoro en Estudios Internacionales del Mediterráneo, es experta en Intervención social con perspectiva de género.
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