El Gobierno se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a partir del 2021 y plantea revalorizar las mismas mediante un «marco estable». Lo que pasaría por ligarlas al IPC. Así lo ha explicado este miércoles el ministerio de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. El ministro ha afirmado que el actual sistema de pensiones «está, de facto, en equilibrio», si únicamente se computa los gastos de prestaciones contributivas. Y ha cargado contra los mensajes alarmistas que vaticinan la fallida de este sistema público de protección social.
Las claves que se proponen para llevar a cabo este plan se podrían dividir en dos.
Por un lado, el ministro ha insistido este lunes en “Al rojo vivo” (la Sexta) en la necesidad de ofrecer, a medio plazo, incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, y ha subrayado que no comparte el diagnóstico de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz de que esto entorpecería la incorporación de jóvenes al mercado laboral.
Escrivá, en declaraciones a La Sexta, respondía así al ser preguntado por la opinión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha señalado en TVE que incentivar la vida laboral después de la edad legal de retiro «no es el camino correcto» porque entorpecería el rejuvenecimiento del mercado laboral español, «profundamente envejecido».
El ministro ha señalado que en España «se incentiva poco» seguir trabajando superada la edad legal de jubilación, teniendo en cuenta que solo existen en torno a un 2% o un 3% de incentivos, frente al 6% o el 7% de media de los países del entorno.
Escrivá ha explicado además que España tiene un sistema de jubilaciones anticipadas «voluntarias» mal diseñado, pues los trabajadores con rentas altas, que son los que más se jubilan de manera temprana, apenas sufren una penalización del 2% por cada año que adelantan su retiro, mientras que los que tienen salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizados con un 8%. «Es un modelo regresivo y como corresponde a un Gobierno progresista” por lo que busca corregirlo.
Por otro lado, Escrivá aboga por la separación de las fuentes de gasto, ya que el actual déficit de la Seguridad Social, que este 2020 alcanzará el 2% del PIB incrementado por el gasto extra de las políticas contra la Covid-19, es sostenible si se ordenan las fuentes de gasto. Este 2020 el Estado deberá transferir a la Seguridad Social un total de 14.500 millones para financiar la exoneración de cuotas para las empresas en ERTE, las incapacidades temporales de trabajadores afectados por la Covid-19, el cese especial de actividad para autónomos o el nuevo ingreso mínimo vital.
Sobre la fiscalidad de los planes de pensiones, Escrivá ha reiterado que está mal diseñada y que su modificación no es una propuesta del Ministerio, sino que forma parte de las recomendaciones que está finalizando la Comisión del Pacto de Toledo.
Escrivá también ha explicado durante su comparecencia que su departamento estudia la implementación de una política de incentivos para los planes de pensiones colectivos en las empresas. Lo que técnicamente se conocen como planes de empleo. Estos consisten en aportaciones pactadas, habitualmente en la negociación colectiva, de las empresas a planes privados o públicos de jubilación de sus trabajadores en plantilla. El ministro defiende la mayor rentabilidad que obtiene actualmente este tipo de planes y ha cargado duramente contra los actuales retornos de los planes de pensiones privados.
