El Gobierno español ha enviado a Bruselas el Plan Presupuestario 2024. Donde proyecta unos ingresos totales de las Administraciones Públicas del 42% del PIB (648.660 millones en términos de contabilidad nacional). Una recaudación por impuestos de 382.755 millones (el 7,5% más sobre 2023). También unos gastos del 45% del PIB (ligero descenso frente al 45,8% en 2023). Sin tener en cuenta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Como el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en funciones. En este plan no se incluyen las medidas de carácter temporal para hacer frente a la subida de precios. Que en un principio expiran el próximo 31 de diciembre.
Dos capítulos intocables
Sin embargo, y pese a la situación de que la casi segura prórroga presupuestaria implica, hay dos capítulos intocables: «la revalorización de las pensiones. Para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo recogido en la Ley 21/2021. También el incremento de retribuciones de los empleados públicos para 2024, según el acuerdo de octubre de 2022 de la Mesa General de Negociación de la Función Pública».
En el caso de las pensiones contributivas, el Ejecutivo promete a Bruselas que las subirá «en función del porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual. Expresadas en tanto por ciento del IPC (Índice de Precios al Consumo) en el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023″.
Pero habrá, cientos de miles de pensiones aumentarán más que el IPC, para «avanzar en la equidad y suficiencia de las pensiones, como asimismo se recogía como reforma del Componente 30 del PRTR», tal y como especifica el citado Plan Presupuestario.
Pensión no contributiva
El texto del documento remitido a la Comisión Europea es tajante sobre la mejoría extra de las pagas no contributivas en 2024: «Una vez revalorizadas en función del porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo en el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha hasta llegar al 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística para un hogar unipersonal».
Pensión mínima
Por su parte, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva, para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, «una vez revalorizada en función del porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo en el periodo de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, se incrementará adicionalmente para reducir en un 20% la brecha hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística para un hogar unipersonal», refleja textualmente el documento oficial.
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Cuantía mínima de la pensión de viudedad
El Plan Presupuestario español para el ejercicio 2024 recoge además que «la cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares, las de pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, serán iguales a la cuantía de la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo».
En cuanto al resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, el Gobierno certifica que, «una vez revalorizadas, se incrementarán adicionalmente en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del incremento adicional de la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo referenciado al umbral de riesgo de pobreza indicado».
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, Jose Luis Escrivá, ha dejado este lunes en el aire la prórroga de las ayudas excepcionales para luchar contra la inflación (rebaja y exención del IVA a alimentos básicos, subvención al combustible, al transporte, medidas energéticas…), afirmando que debe ser «el nuevo gobierno el que analice la procedencia o no de extender el actual paquete de ayudas, evaluando la idoneidad y los resultados logrados por cada una de ellas».