La infancia es, a día de hoy, uno de los colectivos más afectado por la crisis en España. Además de ser víctima del deterioro de los servicios sociales básicos o de un futuro incierto, la pobreza infantil es una realidad que va en aumento en nuestro país. Según el último informe de Unicef sobre la situación de la infancia en España, se calcula que la tasa de pobreza infantil ya alcanza al 27,5% de los menores. A esto hay que añadir una desigualdad cada vez mayor entre los niños en función de su etnia, origen, situación familiar o discapacidad, lo que está creando una profunda brecha que crece aún más rápidamente que la del conjunto de la población general.
Algunos datos según Unicef:
- En 2013, el 32,6% de niños de entre 0 y 17 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social.
- En el mismo año, el 27,5% de esta población estaba en riesgo de pobreza relativa, es decir, que vivían en hogares con una renta por debajo del 60% de la media nacional.
- En 2012 ya se alcanzaba una tasa del 18,7% de niños viviendo en hogares que sufrían pobreza crónica.
- Frente al 5,5 del 2008, en 2013 un 8,3% de los niños vivían en hogares con privación material severa.
- Otro aumento significativo ha sido el producido en el porcentaje de niños que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo, que ascendió de un 4,2% en 2008, hasta un 13,8% en 2012. En 2013 el porcentaje de niños en riesgo de pobreza en hogares con muy baja intensidad de trabajo ya se situaba en un 77,3%.
La tendencia de empobrecimiento infantil ha sido ascendente en todos los casos desde 2007, y a pesar de estar hablando de uno de los colectivos más vulnerables, las políticas sociales relativas a la infancia han tendido a ser consideradas como prescindibles y se ha continuado reduciendo recursos económicos destinados programas dirigidos a los niños y niñas.
Una de las consecuencias más notables de este aumento de la pobreza infantil puede comprobarse con el aumento de casos de desnutrición o escasa calidad de la alimentación de los niños en los hogares pobres: desde el 2007 ha aumentado el porcentaje de menores que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Y aunque durante el curso esta situación puede verse mitigada gracias a los servicios de los comedores escolares, con la llegada del verano y el cese de la actividad de los colegios son muchos los niños que se quedan sin la única comida completa que realizaban al día.
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Por esta razón son muchas las comunidades autónomas en las que se ofrece un servicio especial de comedor durante el periodo de verano. El problema es que cada comunidad gestiona el servicio de comedor de sus centros, así como las ayudas y becas de los mismos, por lo que en los últimos años se ha generado una gran desigualdad entre comunidades en relación a las acciones previstas para asegurar una alimentación saludable debido a las diversas reducciones de partidas presupuestarias. Por ejemplo durante este verano comunidades como Andalucía, Canarias, Cataluña, Aragón y Baleares han mantenido abiertos algunos de sus colegios; en cambio, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Galicia, Madrid, Castilla y León o Cantabria no han abierto ningún comedor, aunque algunas hacen uso de las escuelas de verano como vía para repartir menús.
Aunque todo el conjunto de la sociedad tiene que estar comprometido, es un error considerar que la pobreza infantil es responsabilidad de las familias o de los propios menores. Y a pesar de que la Constitución Española asegura que ‘los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos’ y de que se están llevando a cabo algunas medidas al respecto, el Consejo de la Unión Europea sigue insistiendo en el problema de la pobreza infantil, ya que la inversión que hace España en políticas de infancia y familia (1,4% del PIB) aún dista mucho de la inversión media de la Unión Europea (2,2%) y recomienda una mejora en el apoyo a las familias con rentas bajas con hijos para garantizar la efectividad y progresividad de las coberturas sociales. Por ello, y dadas las circunstancias actuales, numerosos colectivos y organizaciones ven imprescindible un nuevo Pacto de Estado por la infancia en el que estén implicados y comprometidos distintos actores políticos, económicos y sociales, además de las familias y los propios niños, y que vele por sus derechos y su bienestar.
FUENTES:
– ‘La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia.’ Unicef.
– ‘Los derechos no se van de vacaciones. El bienestar de niñas y niños españoles en verano.’ Educo.
– ‘El mapa de los comedores escolares de verano en España’ El Mundo (15/07/2014)
