Cuando hablamos de la “ley de dependencia” hablamos de una ley compuesta de una serie de servicios y prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas dependientes mediante servicios públicos y privados.
Las personas beneficiarias de estos servicios y prestaciones serán aquellas que por enfermedad, suceso incapacitante o por la vejez tienen dificultades para realizar actividades de la vida diaria de manera autónoma, requiriendo así la ayuda de otra persona para realizarlas.
Para determinar los apoyos que la persona beneficiaria vaya necesitar la ley actualmente a eliminado los niveles y solo establece tres tipos de dependencia: Moderada, Severa y Gran dependencia.
- Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Teóricamente hablando, la ley ha sido y es un gran paso para el desarrollo de un derecho básico para las personas con dependencia ya sea física, psíquica o sensorial, sin embargo, la situación actual del país no está ayudando al desarrollo de esta.
Todos estamos al tanto de los recortes en Sanidad, en la Administración o en Servicios Sociales, estableciéndose una serie de criterios desiguales para la repartición de la financiación, muchas veces ocasionando la vulneración de los derechos que la población tiene reconocidos por ley. Como por ejemplo;
- El aporte que hace el gobierno a las comunidades autónomas se ha reducido considerablemente. De un 50% a un 19%.
- Se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares
- Se ha incrementado el copago de los enfermos, afectando al patrimonio de las personas dependientes.
- Se ha eliminado en la mayoría de los casos la cotización a los cuidadores no profesionales en el entorno.
- Se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios con Grado I hasta el 2015.
A día de hoy y analizando los datos, se observa que el número de personas dependientes con prestación reconocida está disminuyendo. La razón principal es que la mayoría de las personas dependientes son personas mayores de 65 y, al final tarde o temprano fallecen. Sin embargo, este no es el problema. El problema radica en que estas bajas no se cubren con nuevas altas. Y, además, en algunas comunidades se están realizando las revisiones a la baja, reduciéndose su grado de dependencia para minimizar las prestaciones que le corresponden.
Sinceramente, la viabilidad del desarrollo de la ley de dependencia, hoy por hoy, cuelga de un hilo. Es cierto que la crisis está golpeando muy fuerte en el país y, a consecuencia de la recesión, el país tiene que solventar la deuda de alguna manera, y lo hace minimizando gastos. Gastos que son necesarios para el desarrollo de los derechos básicos de las personas, en este caso los derechos de las personas dependientes.
Creo en la necesidad de una serie de medidas urgentes para poder cumplir el objetivo principal de la ley de dependencia, para ello es necesario controlar los gastos y supervisar el buen uso de los servicios y prestaciones que se están prestando. Pero todo esto no puede ser posible sin la financiación del Gobierno Estatal, ya que las comunidades autónomas no pueden hacerse cargo de todos los gastos que generan las personas dependientes.
Dejando a un lado el tema de la financiación. Parémonos a reflexionar un poco, que os parecería si invirtiéramos un poco más en servicios públicos o privados dirigidos a personas dependientes como por ejemplo:
- Aumentando las plazas y la plantilla de profesionales de los servicios de centros de día, residencias etc.
- Dando la posibilidad de cotizar a las personas que están cuidando de sus familiares dependientes, que en muchas ocasiones están desempleados.
Es decir, si en vez de recortar derechos aumentamos los servicios y las prestaciones, conseguiremos que se cumpla el objetivo principal de la ley de dependencia y, de manera transversal, conseguiremos que el mercado laboral y, por consiguiente, la economía del país pueda comenzar a brotar un poco.
Fuentes:
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Resumen de los datos recogidos en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y Observatorio de la dependencia.
XIII Dictamen del observatorio de la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Art.1 Reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
