Reflexiones

¿Cómo viabilizar la ley de dependencia actualmente?

En el año 2015 culmina el proceso de desarrollo y se produce la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

En dicho periodo, calendario publicado recientemente por el IMSERSO, se establecen los años de incorporación progresiva de los diferentes grados de dependencia (en el año 2007 con el Grado III niveles 2 y 1) alcanzando finalmente éste próximo año al Grado I.

El Observatorio de la Dependencia, instrumento creado para analizar por parte de los agentes sociales de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia, presenta en su último informe del mes de Junio de 2014 un análisis detallado de la misma.

Establece inicialmente una previsión poco realista de la futuros beneficiarios (la evaluación del IMSERSO de la aplicación de la Ley destaca como previsión inicial en 2007 de 205.915, la situación actual es de 373.169, que se corresponde con un 81,22% más), la exclusión del concepto socio sanitario y sus implicaciones que dejó sin abordar una vez más, un aspecto crucial en la viabilidad del sistema. Esta limitación de origen, establecen desde el Observatorio, tiene como implicación, que la financiación de los aspectos sanitarios en muchos casos, como es el de las residencias de mayores, ha continuado recayendo en gran medida sobre los ajustados presupuestos de servicios sociales.

En dicho informe va dejando en evidencia cuestiones tales como importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatándose que alguna CCAA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que no disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que perjudica que no resulte satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes.

A pesar de que el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección tiene establecido priorizar servicios frente a prestaciones económicas, la Ley continúa con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12, 71% SAD y 12,53% de teleasistencia. Es un situación grave, según establecen desde el Observatorio, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado III(30,03%) y Grado II(36,18%) respectivamente y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos(ratio 0,5).

Otras cuestiones como la financiación finalista de la Administración General del Estado ha sufrido importantes disminuciones lo que unido al hecho de que las CC.AA no han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en exclusiva a los gastos de dependencia, imposibilita con exactitud el importe de los recursos destinados a dependencia. De igual manera el desarrollo del copago-a pesar de sus incrementos- no ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de la Ley.

El índice de desarrollo de servicios sociales (DEC) del año 2014 que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales, publica en su estudio que la reducción del gasto en 2.212 millones de euros en los tres últimos años tendrá sin duda, un reflejo significativo en los servicios y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia, un deterioro del mismo y cuya expresión más nítida es la contención en el número de beneficiarios a partir del año 2012 y la caída, por primera vez desde que se implanta el Sistema en el presente año 2014.

La reciente noticia publicada el 03 de diciembre en Servimedia de que El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pondrá en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Dependencia y establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias, pone en evidencia el descontento generado ante unas medidas que han expulsado a personas mayores y personas con discapacidad destinatarias naturales del Sistema.

La crisis económica ha desencadenado una serie de reformas legislativas que han afectado al estado de bienestar, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también ha sufrido una importante fractura en su gestión.

Si el planteamiento de soluciones que hablan de coordinación y control entre la Administración General del Estado y las CC.AA; la priorización de servicios ante prestaciones en favor de generar empleo y riqueza y de aunar criterios legislativos que miren por las necesidades de las personas en situación de dependencia puede crear cambios y hacer viable la ley entonces sentarse a dialogar, escuchar y apostar por los cambios sería una opción que beneficiaría a todos.

Asimismo, también sería interesante reflexionar desde el punto de vista personal, la creación de la Ley de dependencia se plantea ante una problemática que existe, tanto las administraciones públicas como los agentes sociales han valorado su evolución y en mayor o menor medida se plantea que presenta fracturas y requiere una modificación.

Sería interesante que cada uno de nosotros, también desde nuestra responsabilidad y percepción particular de ciudadano, conocedores de casos en nuestro entorno que no son atendidos o presentan deficiencias en su atención, pusiéramos nuestro granito de arena apoyando iniciativas que fomenten el cambio en la Ley.

En una sociedad como la actual donde existe un progresivo envejecimiento de la población unido a un aumento de la esperanza de vida, pensar en las personas que hoy no son vistas en las estadísticas es pensar en nuestro mañana.

Tras más de siete años de la aprobación de esta Ley, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes es un derecho social que está creando no solo controversia tanto a los agentes sociales implicados en el estudio sino también a un cada vez más elevado número personas, personas mayores y personas con discapacidad, beneficiarias de unos servicios y prestaciones que se les mantiene en lista de espera o que se les obliga a participar económicamente de unos servicios que les corresponden por ley.

 

Ángeles Alonso

Diplomada en Trabajo social y especialista en Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). "La pobreza y el sufrimiento no están para ser entendidos, sino para ser resueltos". (Vicente Ferrer)
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