Como reclamar ante el Servicio Publico de Empleo


En primer lugar debemos recordar que la reclamación ante el servicio de empleo es un trámite que se desarrolla ante la Administración de la que dicho servicio forma parte.

Eso implica que cada reclamación, queja o recurso que se interpongan tendrán unos plazos, unas características y unos requisitos especiales. Ya en otros artículos hablamos de los procedimientos ante la Administración y como tales son especiales, sin embargo, ante el organismo del SEPE (Servicio Público de Empleo) posee aun más especialidades debido a la importancia y singularidad de dicho organismo en nuestra sociedad y a las reformas estructurales que ha sufrido.

Una de estas especialidades, por ejemplo, es que al terminar la vía administrativa en un procedimiento ante tal órgano si queremos ir a la vía judicial el proceso se desarrollará ante los Juzgados de lo Social (orden laboral) en lugar de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (como sucede normalmente en los procedimientos judiciales contra la Administración).

Para concluir esta introducción debemos señalar que la página web del SEPE describe el proceso de forma bastante clara y completa así que les animamos a consultarla, sin embargo en el presente artículo completaremos dicha información con aspectos más prácticos que les puedan resultar de utilidad en el día a día de tales reclamaciones.

Tipos de actos ante el SEPE

  • Quejas
  • Reclamación previa
  • El recurso de alzada
  • El recurso extraordinario de revisión
  • La vía judicial

Quejas

Existe, aparte de la reclamación y los mecanismos que conlleva, un procedimiento que el ciudadano puede hacer y que es totalmente compatible con la reclamación. Este procedimiento es la queja e implica que el particular tiene la potestad de realizar un escrito mediante el cual exprese el incorrecto funcionamiento del SEPE. Este escrito se puede presentar por vía convencional de forma presencial, por correo postal o por vía telemática en un apartado de buzón de sugerencias que existe en su página web. Como ya hemos señalado la queja es totalmente compatible con la reclamación y recursos que explicaremos más adelante y no influye para nada en el devenir de los mismos.

Las oficinas tienen el deber de contestar al ciudadano en el plazo de 20 días pero en la práctica no tiene porqué ser habitual que contesten en plazo o, en ocasiones, que contesten siquiera. Evidentemente en la práctica las quejas no poseen gran utilidad y no suelen ser efectivas pero nunca está de más el conocer los derechos que nos asisten frente a una parte más poderosa que nosotros, como es la Administración.

Reclamación previa

La reclamación previa es un instrumento mediante el cual se faculta al ciudadano a realizar unas alegaciones antes una notificación del mismo SEPE con la cual no estamos de acuerdo o, en ocasiones, a reclamar acerca de una notificación que nos debería haber llegado (respuesta a una solicitud de desempleo o actuación que debiera hacer el SEPE de oficio etc.) y no lo hace. La reclamación previa, salvo en este último caso de no-existencia de notificación, se menciona en la resolución por la cual la podemos imponer, es decir, en el mismo escrito del SEPE se especifica la potestad de interponer reclamación previa que conteste a dicho escrito.

Las reclamaciones previas más frecuentes son las siguientes:

  • Reclamación ante la denegación de solicitud de subsidio por desempleo (o porque no existe contestación ante la misma).
  • No estar de acuerdo ante un extremo de la resolución del SEPE como puede ser la cantidad de subsidio, los plazos o el inicio del mismo.
  • Reclamación ante una notificación sancionadora del SEPE.
  • Reclamación ante una notificación de cobros indebidos del SEPE. Cuando se nos dice que hemos percibido un dinero que no deberíamos.

Para hacer una reclamación previa no es necesaria la firma ni de abogado ni de procurador dado que se interpone ante la misma Administración (SEPE). Sin embargo, si así lo desean, pueden asesorarse por un profesional que les oriente en la redacción de la misma o les realice el escrito, es especial si el asunto en cuestión que se reclama tiene miras de terminar en la vía judicial.

La reclamación previa ha de contener unos mínimos extremos para que sea válida y no dé lugar a confusión. Así, es importante especificar la identificación de quien recurre (nombre, apellidos, NIF, domicilio a efecto de notificaciones etc.), la resolución que se recurre (fecha de la misma, órgano que la realiza, contenido de la resolución etc.) y expresar de forma clara y preferentemente al final del escrito qué pedimos en la reclamación, es decir, nuestra pretensión, lo que buscamos con ella.

El hecho de que la Administración no conteste es frecuente y se conoce por «silencio administrativo» Puede parecer una obviedad pero hay veces que no queda claro qué es lo que reclamamos y qué solución o pretensión demandamos y eso en fundamental a la hora de que la reclamación triunfe. Por lo demás es importante organizar bien la estructura del escrito: encabezarlo diciendo a quién se dirige, identificarnos y tras ello empezar a exponer punto por punto y ordenadamente los hechos y argumentos que esgrimimos. Hay numerosos formularios (incluidos en la página misma del SEPE) donde podemos orientarnos acerca de la reclamación previa y su estructura y modelo.

Un tema crucial a la hora de realizar la reclamación es la diferenciación entre una reclamación de fondo y una reclamación de forma (es un consejo a efectos prácticos dado que no hay distinción legal entre ambas). La explicación a estos dos conceptos es la siguiente: hay que saber distinguir entre una resolución recurrida que nos deniega algo por faltar un documento, por un error objetivo etc. a una reclamación en la que se nos notifica algo en lo que de fondo no estamos de acuerdo como, por ejemplo, puede ser el no cumplir los requisitos para la prestación por desempleo.

En el primer caso bastará con reclamar sin hacer demasiado hincapié a aspectos legales ni a una argumentación extensa; ha habido un error de bulto, claro y fácil de aclarar con documentación por nuestra parte. En el segundo caso, pese a que siempre es útil el aporte de documentos, se hará precisa una mayor argumentación, tanto legal como contextual, puesto que no estamos ante un error evidente o de fácil subsanación sino ante lo que consideramos un error de fondo. En cualquier caso siempre es útil aportar documentación y enumerarla y justificarla en la reclamación.

El plazo para presentar la reclamación previa es de 30 días hábiles desde el día siguiente que se nos notificó la resolución. La fecha de la resolución no indica el inicio del plazo ni de la notificación, solo cuando se dictó dicha resolución (que, evidentemente es antes de la notificación). Los días hábiles son todos menos los domingos y festivos, tanto nacionales como autonómicos como locales (en donde se sitúe la oficina del SEPE correspondiente). Si no existe resolución a una solicitud se puede presentar una reclamación previa, como se ha dicho antes, cuando transcurran tres meses desde que instamos la solicitud y no haya habido respuesta.

El hecho de que la Administración no conteste es frecuente y se conoce por «silencio administrativo» ya explicado en otros artículos y que, en la mayoría de situaciones, supone una negativa presunta a la petición que no se contesta.

La reclamación previa se puede presentar en la misma oficina de empleo, por medio de correo certificado o, en ocasiones, de forma telemática. No obstante es aconsejable hacerlo de forma presencial dado que es la forma más segura de que no se extravíe la reclamación y llegue de forma adecuada. Un aspecto fundamental de la reclamación previa es que es necesaria para acudir a la vía judicial.

En cualquier caso siempre es útil aportar documentación y enumerarla y justificarla en la reclamación. En el derecho administrativo se exige el «agotamiento de la vía administrativa» como requisito previo a la vía judicial ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos de interponer cuantas reclamaciones o recursos nos faculte la Administración (salvo que sean opcionales o potestativos) para poder interponer una demanda ante el Juzgado que proceda. La Administración, a su vez, especifica en las mismas resoluciones que nos notifican qué recurso se puede interponer y qué plazo tenemos para ello o, si por el contrario, se ha agotado la vía administrativa y se tiene que ir a la vía judicial para seguir recurriendo. Esto tiene su excepción cuando no contestan -silencio administrativo- y, por ello, como se ha insistido en otras ocasiones, es importante no dejar correr los plazos sin preocuparse y, si es necesario, asesorarse debidamente. 

Una vez interpuesta la reclamación previa el SEPE tiene 45 días para contestar desde que presentamos dicha reclamación aunque, como se ha dicho, hay veces que no contestan y, por ello, pueden cambiar los plazos para la interposición de la posible demanda ante el Juzgado. A continuación se pondrá un esquema sobre cómo puede desarrollarse el trámite.

Resolución del SEPE o silencio administrativo-> Reclamación previa en 30 días hábiles (3 meses desde que presentamos solicitud si hay silencio administrativo)-> En 45 días el SEPE contesta a nuestra reclamación admitiéndola o denegándola o no contestan (silencio administrativo que implica denegación)-> Interponer demanda ante el juzgado en el plazo de 30 días desde que nos denegaron la reclamación o interponer demanda ante el juzgado en el plazo de 45 días desde que presentamos la reclamación y no la contestaron.

Ocasionalmente, en la contestación a la reclamación previa o en lugar de esta es necesaria la interposición de otro recurso administrativo llamado «recurso de alzada» que explicaremos a continuación. Sin embargo ello no varía el esquema anterior sustancialmente sino que tan solo añade otro peldaño a la escalera de recursos y contestaciones antes de llegar a la posibilidad de acudir a la vía judicial.

El recurso de alzada

El recurso de alzada es otro recurso administrativo que, en pocas ocasiones, se nos faculta a interponer ante determinadas resoluciones del SEPE que enumeraremos después. No difiere de la reclamación previa en su esencia pero sí difiere de la misma en que se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución a recurrir. La estructura y el sentido de dicho recurso es el mismo que el de la reclamación previa y, como hemos explicado antes, es solo otro peldaño más a recorrer para intentar que se reconozca nuestra petición por parte de la propia Administración o, si queremos con posterioridad, por parte del órgano judicial.

El recurso de alzada aparece tan solo en unos trámites determinados como son los siguientes:

  • Cobros indebidos de prestaciones.
  • Materias que afectan a las empresas: formación profesional, responsabilidad empresarial etc.
  • Denegaciones de la solicitud “Plan Prepara”.

Una vez más recalcamos que en la misma resolución contra la cual proceda este recurso o cualquier otro, la propia Administración debe especificar cómo se ha de recurrir y ante qué órgano.

El recurso extraordinario de revisión

Es un recurso de carácter singular que se puede interponer una vez sea firme una resolución en vía administrativa, esto es que se hayan pasado los plazos para recurrir o realizar la reclamación previa sin haberlo hecho o, habiéndolo hecho no nos hayan dado la razón. Los requisitos para la interposición de tal recurso están limitados por ley y, para entendernos, es un recurso que solo se pueda poner cuando aparezcan nuevos hechos que prueben circunstancias desconocidas en el momento de la reclamación y solicitud y que afectasen a la resolución de las mismas. Los requisitos son los siguientes:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

En la práctica, evidentemente, es un recurso poco frecuente dado que es muy difícil que se den las circunstancias para que alguien esté legitimado para interponerlo. Por supuesto lo pueden interponer si lo desean pero sepan que si no hay fundamento veraz para el cumplimiento de los requisitos es imposible que prospere. Sin embargo si existe tal fundamento no duden en ejercitar este derecho ante la Administración.

La vía judicial

Como ya hemos señalado antes, acudir a la vía judicial tan solo es posible una vez agotada la vía administrativa y, como también se ha dicho, en la resolución que ponga fin a la misma se debe especificar tan circunstancia (salvo que sea silencio administrativo ya explicado). En cualquier caso vamos a volver a explicar los plazos de la vía judicial. Existen dos opciones: que la vía administrativa finalice por resolución de la Administración o porque no contestan. Si finaliza por resolución tendremos de plazo 30 días desde que se nos notifica la resolución que pone fin a la vía administrativa y si finaliza por silencio administrativo desde que pasen 45 días desde que presentamos la reclamación previa o recurso correspondiente.

La vía judicial que corresponde ante este tipo de reclamaciones es el orden social, es decir, laboral (hay cinco órdenes del derecho en España: civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar). Normalmente un conflicto entre un particular, una sociedad o un colectivo con la Administración desemboca en el orden contencioso-administrativo, sin embargo existen unas especialidades en los procesos ante la Seguridad Social y ello produce que este tipo de conflictos ante este organismo de la Administración se realice ante el orden social ¿Por qué es esto relevante? Es relevante dado que en la jurisdicción social, para estos trámites no exige representación de abogado, procurador o graduado social, es decir, ustedes pueden realizar todo el trámite ante los Juzgados de lo Social hasta que este dicte sentencia.

Por tanto, si así lo desean se podrán ahorrar el dinero de un profesional que en otros ámbitos del derecho suele ser obligatorio siempre. Del mismo modo una de las ventajas de esta jurisdicción es que los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social sean beneficiarios, a su vez, de la asistencia jurídica gratuita una vez acrediten dicha posición de beneficiarios ante la S.S. Por tanto también pueden acudir a esta vía judicial sin coste adicional representados por abogado de oficio y, además, toda vez que se han eliminado las tasas judiciales a personas físicas tampoco tendrán que abonar ese gasto.

La duración del proceso judicial varía dependiendo del lugar donde se encuentre el juicio por lo tanto no podemos especificar dicho aspecto práctico que les pueda ser útil. Sin embargo sí podemos afirmar que la vía judicial tarda, como mínimo, más de medio año. Por ello han de valorar, asesorados por profesionales si lo prefieren, la viabilidad de la acción judicial y valorar el tiempo y esfuerzo que ello les pueda suponer.

Tras la sentencia del juez se puede recurrir a una instancia superior, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma, para lo cual ya es obligatorio estar representado por un procurador, abogado o graduado social. Esto dilatará el proceso durante bastante tiempo, mínimo entre un año y dos más.

Álvaro Vélez‏‏

Sobre Álvaro Vélez‏‏

Graduado en Derecho. Máster de acceso a la Profesión de Abogado. "Cuando desciende el sol de la cultura hasta los enanos proyectan grandes sombras" Anónimo