La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido facilitar el acceso al bono social de telefonía e internet. Que contempla la nueva ley de Telecomunicaciones y que obliga a las operadoras a ofrecer «precios regulados para personas con rentas bajas o necesidades sociales especiales». Los requisitos concretos para entrar en esas categorías se van a establecer mediante un real decreto. La OCU propone que se conceda a las personas que ya reciben la ayuda para el pago de la electricidad.
Las operadoras han comenzado a configurar tarifas destinadas a estos colectivos de rentas bajas en las que aplican criterios diferentes. Algunas compañías exigirán no superar el salario mínimo de 14 pagas en más de un 50%, que la persona esté en búsqueda de empleo o tengan menores y sean familias en situación de vulnerabilidad.
Otras empresas han diseñado tarifas especiales para jubilados y pensionistas. Que no superen unos determinados ingresos, y algunas firmas de telefonía reservarán esos precios reducidos para beneficiarios del ingreso mínimo vital o menores de 30 años en el paro.
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Criterios de vulnerabilidad
Por otro lado, la OCU censura que las compañías «no hayan optado por algún criterio de vulnerabilidad común y más completo. Como el que podría haber sido beneficiarios del bono social eléctrico, que abarca más colectivos y sobre todo que facilita su justificación». En todo caso, las tarifas sociales que ofrezcan las operadoras deben incluir:
- Bonos para servicios de comunicaciones de voz.
- Bonos para servicios de acceso a internet de banda ancha.
- O una tarifa que incluya ambos servicios.
«El acceso a internet se ha convertido en indispensable (trámites administrativos, búsqueda de empleo, banca…) y por eso la reciente ley de Telecomunicaciones lo ha incluido dentro del servicio universal», argumenta la OCU. Ahora, exigen en su aplicación «la conexión suficiente para las tareas más habituales con independencia de dónde viva el usuario y a un precio asequible», defiende la agrupación de defensa de los consumidores.