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Unidas Podemos plantea una renta básica para personas vulnerables

Esta renta oscilaría entre los 700 y 1.400 euros al mes desde los 18 años


La ministra de Derechos Sociales propone una renta de 700 euros por persona y de 1.400 euros para aquellos hogares compuestos por dos adultos y dos hijos. Se trata de una ayuda económica dirigida a quienes hayan ingresado menos de 2.100 euros en los últimos tres meses.

La carencia material y social severa se encuentra en el 8,3%. Esto quiere decir que, en nuestro país hay más de 1,5 millones de hogares en los que sus miembros no pueden permitirse cuestiones tan básicas como disponer de una lavadora, comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, afrontar gastos imprevistos o tener al menos una semana de vacaciones al año.

Los efectos de la pandemia o la guerra de Ucrania se traducen en que cada vez hay más hogares en pobreza y cada vez es más caro llenar la cesta de la compra. Recordemos que la inflación es significativamente más alta para los hogares con menos recursos.

La pobreza tiene rostro de mujer

Aproximadamente ocho de cada 10 hogares monoparentales están encabezados por una mujer y su tasa de pobreza y exclusión es casi el doble de la de aquellos hogares compuestos por dos personas adultas con menores a cargo. La falta de oportunidades de empleo, la brecha salarial o las dificultades para conciliar condicionan negativamente a estas familias.

No obstante, la infancia vuelve a ser, sin duda, la más damnificada tras la pandemia. Como en cada crisis, este colectivo se ha visto enormemente afectado, en gran medida por la pérdida de empleo e ingresos en sus hogares y la falta de políticas públicas efectivas: el riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de edad ya se encuentra en el 33,4%, afectando a más de 2,7 millones de niños y niñas. España continúa siendo líder de la UE en pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria.

Para que esta lacra social no se herede, ciudadanía y organizaciones sociales llevan años trabajando en programas de choque y pidiendo al Ejecutivo y a los decisores públicos más inversión para romper con el círculo de la pobreza. España sólo destina un 1,3% del PIB a políticas de infancia cuando el promedio de los países de la UE es del 2,3%.

Pese al recién aprobado complemento de ayuda para la infancia, dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), de entre 50 y 100 euros mensuales, España continúa a la cola en adoptar medidas eficaces para poner solución a un problema creciente, que afecta directamente al futuro de nuestra sociedad: la infancia.

Para luchar contra la pobreza infantil, hay que luchar contra la pobreza de la familia.

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Que propone el Ministerio de Derechos Sociales

Por estas razones expuestas anteriormente, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto organizado por Podemos: “Vivir, no sobrevivir: del Ingreso Mínimo Vital a la Renta Garantizada” ha propuesto una renta básica garantizada de entre 700 y 1.400 euros desde los 18 años para los hogares vulnerables y trabajadores precarizados.

«El objetivo de esta renta garantizada es, de alguna manera, cumplir con el derecho de la gente a caerse y levantarse

Plantea un pago individual

El objetivo es el de garantizar un suelo de ingresos a toda la ciudadanía de forma ágil ante situaciones de escasez de ingresos. Según la propuesta del Ministerio, una persona sola, recibiría 700 euros; mientras que un hogar de dos adultos y dos niños, 1.400 euros al mes.

Ingresos bajos en el último trimestre

El perfil de la pobreza en España también se está diversificando. Se ha acentuado la pobreza con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios. «Una de cada tres personas pobres están ocupadas, lo que demuestra que las condiciones laborales son muy importantes»

La ayuda, según la propuesta de Podemos, no va dirigida únicamente a hogares, sino que también la podrán percibir los trabajadores «precarizados» a través de un complemento a sus ingresos, con 100 euros adicionales por cada hijo de los núcleos familiares.

Los objetivos que persigue la propuesta son agilizar y facilitar los trámites para evitar «laberintos burocráticos» y profundizar en la senda de la «protección social» de las familias vulnerables y los trabajadores precarizados.

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