¿Tiene futuro la Ley de Dependencia?

Esta semana el Consejo Territorial ha aprobado la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021 con un incremento de 623 millones de euros, con los que se pretenden reducir de manera considerable las listas de espera y los tiempos de tramitación.

Con esta partida de presupuesto pretenden lograr, en resumen, los siguientes objetivos:

• Eliminar la lista de espera y lograr la plena atención en once comunidades en este año, y reducirla considerablemente en el resto.
• Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio.

La realidad en España con las personas dependiente es alarmante. A día de hoy, existen aproximadamente 1.349.789 de personas dependientes, de las cuales, cerca de 233.000 no reciben ninguna prestación a pesar de tener derecho a ella, puesto que han sido reconocidas como dependientes. Añadiendo que unas 141.556 personas están aún pendiente de valoración.

Continuamos con las desalentadoras cifras: un total de 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia fallecieron entre enero y octubre de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Observando estos datos, solo nos queda llegar a la conclusión de que, el sistema de gestión de la Ley de Dependencia, falla estrepitosamente.

Si bien es cierto que la dependencia es competencia de las comunidades autónomas, y que cada una cuenta con cifras diferentes, la gran mayoría presenta los mismos problemas. Tienen una larga lista de espera de personas dependientes esperando, o bien su valoración, o bien su recurso solicitado.

Las consecuencias de los recortes y la falta de financiación

Los graves recortes en 2012 nos han traído años de escasez y carencias en cuanto a inversión en la Ley de Dependencia. Esto se traduce en: falta de medios para la tramitación, falta de personal para la gestión, valoración y resolución de los expedientes, y falta de presupuesto para los servicios a los que los dependientes pueden acceder.

Después de 13 años de implantación de la Ley de Dependencia, los motivos de estos retrasos son múltiples, pero desde la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se apuntan dos fundamentales:

• Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) «que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones».
• El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, «lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios.

Es por ello que los nuevos presupuestos aprobados por el Gobierno suponen un rayo de esperanza para el sector, traduciéndose en unos 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48% del presupuesto disponible.

Deficiencias en el sistema

Si continuamos analizando las problemáticas detectadas, podemos hacer mención del hecho de que se prioricen los grados II y III, ante los de grado I.

Este hecho sigue la lógica de atender antes a aquellos dependientes con mayor gravedad, sin embargo, lo que ha provocado es que, miles de personas valoradas con un grado I de dependencia, se queden sin recursos. Sus expedientes se han ido dejando al final de la fila, y han acabado por olvidarse con el paso de los años. Debemos recordar que, aunque presenten el grado de dependencia más bajo, no dejan de ser personas con cierta falta de autonomía, que necesitan de ayuda y recursos para su vida diaria, y que no la están recibiendo, a pesar de haber adquirido ese derecho.

Procedimiento burocrático y su tardanza

Otro de los grandes fallos es el proceso burocrático.

La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). La valoración del grado de dependencia es competencia de la comunidad autónoma. Mientras que de la asignación del servicio (PIA), se encargan los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente.

Esto, además de ralentizar el procedimiento, crea una gran confusión para la persona solicitante y sus familiares. Ya que en la mayoría de ocasiones no saben dónde dirigirse para solventar sus dudas. Lo que les lleva a acabar en un laberinto de citas previas y tiempos de espera innecesarios para obtener la información que necesitan.

Además, muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona dependiente ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

El tiempo medio de tramitación para resolver un expediente de valoración de grado de dependencia es de 426 días. Aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170), el País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191). Por contra, en el otro extremo están Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).

Teniendo en cuenta que el grueso de las personas solicitantes de la dependencia es de mayores de 80 años y a la vista de estos largos tiempos de espera. Podemos comprender que haya tantas personas que fallezcan sin recibir su prestación o servicio, o poco tiempo después de haberlo conseguido.

Otra consecuencia es la tardanza en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. Esto, supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares. Especialmente a las mujeres, ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.

Prestaciones y servicios insuficientes

En cuanto a los servicios ofrecidos, tanto los servicios sociales, como las familias, coinciden en que son insuficientes:

• Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros. Tiene un importe promedio de 140 €/mes para el Grado I, 245 €/mes, para el Grado II y 340 €/mes para el Grado III. Esto varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida. Pero igualmente, no es una cantidad acorde con las necesidades que pueda generar una persona dependiente.
• La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III. De media, son apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes, algunos llegan a los fines de semana si se reduce el tiempo diario. Lo que, evidentemente, no cubre las necesidades completas de una persona dependiente.

Muchas familias se quejan de que apenas les da para que limpien la casa por encima y atiendan su higiene y cuidado personal. Apenas se pueden permitir tampoco, que los acompañen a la calle para dar un paseo.

Además, en la mayoría de los casos, no supone una solución definitiva. Ya que durante el resto del día las familias deben hacerse cargo de las personas dependientes. O bien invertir en cuidadores privados para el resto de las horas del día.

Con todos estos datos podemos comprobar la desatención que viven nuestras personas dependientes, en su mayoría, mayores de 70, 80 y 90 años.

Un país envejecido

España es un país envejecido, con una alta tasa de personas mayores. Por lo que, no se entiende cómo no tenemos un sistema fuerte que garantice la protección y los derechos de las personas que necesitan ayuda diaria para su vida cotidiana.

Pondremos todas nuestras esperanzas en que el reciente plan de choque anunciado por el Gobierno, comience a mejorar el sistema de la Ley de Dependencia, que tan deteriorado y descuidado tenemos.