- En Navarra y el País Vasco las reciben más del 60% de las personas en esta situación, mientras que en nueve Comunidades ni siquiera una de cada diez personas.
El Ingreso Mínimo Vital no ha integrado de manera automática a los beneficiarios de las Rentas Mínimas, provocando un desconcierto en la gestión y el desasosiego de más de medio millón de familias que se encuentran a la espera de resolución. También puede producir complejos procedimientos para la administración y crueles acciones para las familias, con los cobros indebidos que se producen por retraso del Ingreso Mínimo Vital.
Únicamente el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
Este porcentaje encubre diferencias extremas
Dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 70% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cuatro Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León). Las RMI de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura. Y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 17,1% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja, aunque, ha dado un repunte en el último año desde el 13,7% de 2018 al 17,1% de 2019. Extremadura con un 23,1%, es la Comunidad Autónoma cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio.
Esto significa que los perceptores RMI de estas 3 comunidades se les garantiza 1 de cada 5 euros de la renta media de su comunidad. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15% (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, dos Comunidades tienen un porcentaje mínimo, Murcia (10%) y Baleares (7,2%). Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a perceptores garantizar la supervivencia.
La alternativa relativa
El ingreso mínimo vital ha sido una magnífica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza. Pero lamentablemente, una vez más, las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas. Lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables.
Le solicitamos al Ministerio que pongan en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las Comunidades Autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada. Transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.
Un articulo de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.