La situación de la ley de dependencia no tiene nada que ver con su propósito inicial, en la actualidad tras el varapalo de la crisis, los presupuestos para la misma son inferiores por lo que repercute en los casos que cubre.
El Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve.
¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.
Eso dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos), pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes.
Se planteó también impedir que una persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con todo.
También se establece fijar las intensidades de los servicios que se prestan, por ejemplo las horas mínimas de ayuda a domicilio, y establecer un mayor control sobre los cuidadores no profesionales, es decir, los familiares que atienden a los ancianos en casa, algunas veces tan ancianos como los atendidos.
Por último se platea eliminar los niveles lo que aliviara la burocracia de una ley de por sí compleja, pero puede ser la puerta para dejar fuera del sistema a muchos dependientes moderados y colocar en un grado de dependencia inferior a otros que antes fueron calificados más graves.
