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¿Por qué seguimos recibiendo llamadas spam si están prohibidas?

La ley asegura que los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial

En este artículo vamos a tratar el por qué seguimos recibiendo llamadas comerciales spam si con la ley están prohibidas.

El pasado 29 de junio entraba en vigor la ley que prohíbe las llamadas comerciales spam. Aquellas que todos recibíamos sin saber por qué y que nos ofrecían todo tipo de ofertas: una mejor tarifa de teléfono, de luz, la petición de asociarse a una ONG… Al parecer, esas llamadas en medio de la siesta o en horario laboral se iban a acabar con esta nueva ley, pero la realidad ha acabado siendo otra. Las llamadas de números desconocidos siguen llegando y, cuando el consumidor pregunta por qué, recibe respuestas dispares.

¿Por qué seguimos recibiendo estas llamadas y qué podemos hacer para evitarlo?

Al otro lado del teléfono, el teleoperador asegura que existe un «consentimiento» por parte del cliente, que habría autorizado al uso de sus datos al suscribirse a algún servicio o acceder a alguna página web. Con otros casos, al apuntar que se trata de una práctica ilegal, el teleoperador directamente cuelga la llamada. En primer lugar, si has dado el consentimiento para que te llamen, el teleoperador debería de mostrarte ese consentimiento. Además, de «darte la opción de entrada para que lo revoques, sin que tengas que preguntarle», explica el portavoz de FACUA, Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

El propio Sánchez ya alertaba de que las empresas volverían a incumplir la ley, como ya hacían cuando llamaban fuera de los horarios permitidos o cuando molestaban también a números de teléfono inscritos en la lista Robinson. Aquella a la que te puedes inscribir si no quieres que te llamen números comerciales.

La ley asegura que los usuarios tienen derecho «a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial». Salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación. El consentimiento es, por tanto, el salvoconducto perfecto para las empresas. En un entorno digital que constantemente te obliga a consentir la cesión de tus datos a cambio de casi cualquier servicio on-line.

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Reclamaciones y sanciones

«Después de que te muestren el consentimiento que has brindado, el segundo paso es decirles que no te molesten más y pedirles que tomen nota de que no pueden seguir llamando a tu número de teléfono», prosigue Sánchez. «Cada vez que nos llamen, tomemos nota del número, el día y la hora de llamada para preparar un breve escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos donde le contemos lo ocurrido. Un breve escrito, sí, porque no hace falta que te sepas qué artículos de qué leyes se han vulnerado con esas llamadas. Limítate a exponer lo que ha pasado indicando cuál es el número de teléfono del que eres titular en el que has recibido la llamada. Ni siquiera hace falta que indiques cuál era la empresa de la que te estaban intentando vender un producto o servicio», desarrolla el blog de FACUA.

La Lista Robinson

La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la potestad de iniciar investigaciones. Así como sancionar en cada caso que se vulnere la nueva ley y nos llamen a pesar de no haber dado consentimiento. De todos modos, ese consentimiento debería de ser mucho más explícito e inmediatamente revocable en el momento de la llamada. Más allá de esta denuncia, los usuarios aún tienen la posibilidad de apuntarse a la lista Robinson. Un servicio inmediato que se activa a los tres meses. Que sirve, además, para evitar tanto las llamadas comerciales como el correo electrónico o los mensajes SMS spam.

La nueva ley responde a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018. La cual establecía en el Código Europeo de las Comunidades Electrónicas los derechos del ciudadano a no recibir spam telefónico. La nueva ley es válida tanto para teléfonos móviles como para fijos. Aunque está por ver si acabará respetándose o qué dureza aplicará la Agencia Española de Protección de Datos en sus sanciones.

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Tania Esquer Bru

Trabajadora Social
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