Las empresas podrían recibir hasta 7.500 euros por cada contrato indefinido


El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar la contratación indefinida con un mínimo de 4.000 euros, cuantía que se incrementaría hasta 7.500 euros en caso de que el trabajador pertenezca a uno de los colectivos considerados como especialmente vulnerables.

Las cuantías que recoge el texto funcionan como una referencia, con la posibilidad de que se actualicen cada año de manera automática y que sean modificadas «mediante orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social». Además, «las cuantías de referencia de dichas subvenciones y, en su caso, sus topes máximos podrán incrementarse por las Administraciones públicas competentes» hasta en un 30%.

Medidas planteadas

A continuación, se enumeran algunas de las subvenciones más destacadas que propone el borrador del real decreto ley:

  • Una cuantía de referencia de hasta 4.000 euros para «la transformación en indefinidos de contratos temporales, incluidos los contratos formativos», salvo que la transformación se realice con personas trabajadoras con discapacidad, «en cuyo caso la subvención será de 5.500 euros«. Estas cuantías se establecen para un contrato anual a tiempo completo.
  • La contratación indefinida inicial podrá subvencionarse, cuando se celebre a tiempo completo, con carácter general con 4.000 euros. Esa cuantía se incrementa con varios supuestos, en función de la persona contratada y su «vulnerabilidad» en el acceso al empleo. Por ejemplo, algunos supuestos prácticos: la referencia alcanzaría los 4.500 euros si la persona contratada es una mujer, los 5.500 euros si además es participante de programas integrales de empleo de rentas mínimas, como el Ingreso Mínimo Vital y hasta 7.000 euros si es víctima de violencia de género.
  • Todas las subvenciones previstas para impulsar la contratación podrían incrementarse «hasta en 2.000 euros» cuando la contratación indefinida se realice por un trabajador autónomo, o por una cooperativa o sociedad laboral, «que contrate a su primer empleado o empleada».
  • Se contemplan subvenciones de 2.250 euros al año por cada persona trabajadora que se beneficie de medidas de conciliación y corresponsabilidad pactada con la plantilla en planes de igualdad en el seno de las empresas, «hasta un máximo de 9.000 euros por empresa y año». «La ayuda por cada persona trabajadora será proporcional al período de disfrute de la conciliación en caso de que dicho período sea inferior al año», recoge el texto.
  • Subvenciones para la contratación de personas desempleadas que sustituyan a trabajadores que se hayan acogido a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos menores, de hasta 3 años en el primer caso y de 12 años en el segundo, o de familiares en situación de dependencia o enfermedad grave. Se contempla la subvención de parte de los costes laborales derivados del contrato de sustitución «hasta una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional mensual».
  • Subvención para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadores por cuenta propia de «hasta 7.500 euros», «graduándose en función de las dificultades para el acceso al empleo de la persona que se constituya como trabajadora autónoma o por cuenta propia, de acuerdo a su inclusión en los colectivos que determinen los Servicios Públicos de Empleo».

A tiempo parcial la subvención se reduce

Si la contratación es a tiempo parcial, recoge el texto, la cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada con una reducción máxima del 50 %.

En el borrador también se incluye una subvención de hasta 4.000 euros para transformar en indefinidos contratos temporales, incluidos los formativos, que se eleva a 5.500 en el caso de trabajadores con discapacidad.

Cada contratación indefinida incentivada, añade, deberá suponer un incremento neto de la plantilla fija de la empresa o entidad beneficiaria. También apunta que en la regulación se contemplarán las posibles exclusiones en la aplicación de estos incentivos así como la obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas como mínimo durante un año.

El borrador del decreto, en el que el Gobierno y agentes sociales trabajan desde abril, establece una serie de programas comunes de políticas de activación para el empleo, que podrán ser desarrollados por las comunidades autónomas. En función de las características de sus mercados de trabajo. Así, aborda estrategias de formación, modelos de financiación, programas de orientación para el empleo, intermediación laboral, etcétera.

Medidas en fase de borrador

Se trata todavía de un borrador, sometido al diálogo social, por lo que todavía puede incorporar cambios.

Aún está pendiente la revisión de la Garantía Juvenil y la aprobación de la Estrategia Española por el Empleo para los años 2021 a 2024. Que se ha comenzado a negociar este martes y en la que se espera poder revisar con mayor profundidad estas políticas dirigidas a la empleabilidad.

«El decreto es un primer paso, un empujón que nos ayude a caminar en la actualización de las políticas activas de empleo que datan de los años 80, pero no es el final». Explica Lola Santillana, secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de CCOO, que destaca la eliminación ya de algunos programas «que se habían demostrado contraproducentes».

Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo de UGT, ha destacado «el alto consenso entre los agentes sociales para un proceso de diálogo». El cual defina esta nueva Estrategia que reforme las políticas activas de empleo y dé solución «a esos tres millones y medio de desempleados que tenemos en España, a esa altísima tasa de desempleo juvenil y a ese millón y medio de desempleados que no tienen ningún tipo de protección».

En este reto, insiste Barrera, deben jugar un importante papel los Fondos Europeos para la Reconstrucción.

Tamara López

Sobre Tamara López

Graduada en Trabajo Social. Máster en Educación Social y Animación Sociocultural.