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Las ayudas al alquiler no llegan: fondos insuficientes y otros problemas

El elevado nivel de las rentas de alquiler que se estaba pagando, tanto en grandes como en pequeñas y medianas ciudades. Hace que, ante una crisis como la que estamos viviendo, que deja tantas víctimas sanitarias como económicas, el pago del alquiler se vuelva realmente difícil o incluso imposible para muchos inquilinos.

Lamentablemente, en España no hay un parque público de vivienda social adecuado a las necesidades. Algo que OCU ha solicitado reiteradamente, lo que hizo preciso adoptar medidas extraordinarias para que no se produjesen desahucios ni salidas de las viviendas alquiladas, durante un periodo de tiempo.

Ayudas al alquiler

El año pasado se lanzaron una serie de ayudas para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus que aprobó el Gobierno vía Real Decreto-ley el 31 de marzo de 2020.

El plan de contingencia incluyó varias medidas en materia de alquiler: desde la prórroga de los contratos de arrendamiento, hasta la moratoria o reducción de la renta, pasando por los microcréditos avalados por el Estado para poder afrontar el pago de las mensualidades. Además de las ayudas regionales que pueden pedir los inquilinos que tengan una situación de vulnerabilidad económica y social como consecuencia del covid-19.

Estas ayudas contaban con un máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta. En caso de que no supere dicho límite, y de 200 euros adicionales para suministros básicos, comunidad y mantenimiento.

Sin embargo, estas ayudas no han tenido la efectividad necesaria para tan delicado objetivo, si echamos la vista atrás cuando se cumple casi un año de su lanzamiento.

Retraso en la gestión

En un principio se esperaba que el Gobierno fijara unos requisitos concretos para acceder a estas ayudas. Así como los plazos y el mecanismo para hacerlo o la documentación necesaria para presentar la solicitud. Sin embargo, no ha sido así, quedando las autonomías encargadas de todo el proceso, con la demora que ello conlleva. Por otro lado, las regiones afirmaron que los fondos tardaron varias semanas en llegar.

Y como todo este procedimiento se realiza una vez que están disponibles los fondos. La mayoría de las regiones quedaron durante bastante tiempo con este trámite administrativo paralizado. Por lo que advirtieron de que sufrirían retrasos en la puesta en marcha de las ayudas.

Además de la llegada tardía de los fondos, desde las comunidades explicaron que, una vez que el Estado transfiere el dinero, el proceso exige la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas. Tratándose así de una tramitación administrativa que no es fácil ni rápida.

Encontrándonos en el año 2021, podemos comprobar que en muchas comunidades autónomas apenas se han aprobado menos de la mitad de los expedientes. Por lo que un gran número de hogares continúan esperando la respuesta y el pago para la ayuda a la vivienda.

Presupuestos insuficientes

Las ayudas comenzaron con un presupuesto de 100 millones de euros, hecho que, desde un principio, fue criticado por las Comunidades Autónomas, ya que lo creían insuficiente para afrontar el volumen de hogares que solicitarían esta ayuda.

La mayoría de las autonomías tuvieron que poner “de su bolsillo” cantidades rescatadas de otros fondos para poder completar el porcentaje destinado desde el Gobierno, y así hacer frente a los compromisos derivados del Real Decreto establecido.

Aun así, el escaso presupuesto no permite ayudar al total de las familias vulnerables. Tanto las que antes de la pandemia ya se encontraban con dificultades en materia de vivienda, como las que se han visto en dicha situación debido al coronavirus.

Atrasos en las ayudas regulares al alquiler de las autonomías

A esta situación, se le suman varios casos de Comunidades Autónomas que sufren graves retrasos en las resoluciones y en los pagos de sus ayudas al alquiler, incluso de varios años.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene pendiente de pagar aproximadamente a 2.000 personas las ayudas de alquiler correspondientes al plan de subvenciones al alquiler de 2019. En la Comunidad de Andalucía existe una situación similar, quedando muchas familias sin recibir el pago correspondiente a lo concedido en las ayudas al alquiler desde 2018.

Un soporte muy débil en materia de ayudas al alquiler a nivel estatal

En general, nos encontramos con un soporte muy débil en materia de ayudas al alquiler a nivel estatal. Los atrasos en las tramitaciones de expedientes, así como en su resolución y pago, están derivando en problemáticas graves. Tales como desahucios, conflictos con los propietarios de las viviendas, y un crecimiento desmedido de las deudas adquiridas.

Los precios desorbitados de las rentas mensuales del alquiler no ayudan a que esta situación se estabilice y tampoco existe una regulación del precio del alquiler. Por lo que, los inquilinos se encuentran en total vulnerabilidad ante un derecho fundamental como lo es la vivienda.

Y no solo los inquilinos se ven afectados; los propietarios se enfrentan durante meses a impagos de la renta, y las facturas de suministros, de las cuales, deben hacerse cargo ellos mismo. Esto genera una sobrecarga de gastos difícil de asimilar para la mayoría.

No podemos comprender cómo pretenden que las personas esperen durante meses a que se les ingrese una ayuda con la que tienen que pagar techo, electricidad, gas y agua. Las repercusiones por no contar con suministros o incluso tener que abandonar el hogar y verse en la calle o reubicados en habitaciones, viviendas prestadas o incluso albergues y casas de acogida, pueden ser catastróficas. Sobre todo, en el caso de contar con menores o personas dependientes en la familia.

Necesitamos una respuesta firme y urgente por parte del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas. Para así poder paliar los efectos de la crisis y los estados de vulnerabilidad en los que miles de familias se encuentra hoy en día, y que es inadmisible que se prolonguen más.

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Tamara López

Graduada en Trabajo Social. Máster en Educación Social y Animación Sociocultural.

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