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Las ayudas al alquiler en Andalucía atascadas desde 2018: una necesidad básica, sin prioridad alguna

Eva María Mora García es una madre de 48 años, divorciada y con un hijo adolescente a cargo, cuyos ingresos son de 320€ al mes. Al solicitar el Ingreso Mínimo Vital IMV se lo denegaron por superar en 2019 los ingresos estipulados, los cuales eran la pensión de su hijo y la RAI, la cual hasta julio no podrá volver a acceder.

Debido a la pandemia ha tenido que solicitar a través de los servicios sociales ayuda para alimentos y alquiler ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos. Su hijo ha sido diagnosticado con la enfermedad de Crohn, con lo cual precisa ciertos medicamentos y una alimentación especial, que no son baratos. También solicito una ayuda de emergencia por el coronavirus, la cual lleva 8 meses esperando.

La Junta Andalucía lleva años para resolver las ayudas alquiler y tampoco se promueven viviendas sociales. Lo que la deja en riesgo de desahucio y con graves problemas con el propietario de la vivienda.

Olga Fonseca es una mujer cubana, que lleva 37 años viviendo en España, madre de dos hijos, y con unos ingresos totales de 216 euros mensuales, a la que la vida ha golpeado en numerosas ocasiones. como ella nos cuenta. Tiene un hijo, de 27 años, con una discapacidad del 65%, en cual a causa de diversas enfermedades presenta una esquizofrenia agresiva, bipolaridad, y enfermedad de Crohn. Sufrió un derrame cerebral, el cual desembocó en una memoria a corto plazo, que obliga a su familia a estar constantemente pendiente de él.

Por su parte, Olga tuvo una enfermedad llamada osteomielitis, contra la cual estuvo luchando durante años con multiples operaciones. Sin apenas ayudas económicas y sin poder trabajar. Actualmente está sin trabajo, al borde del desahucio y a la espera de poder recibir alguna ayuda para la vivienda, la cual lleva años esperando y que no parece estar cerca de recibir.

Afectados por las ayudas al alquiler demandan una consulta al parlamento de Andalucía

Eva y Olga, a raíz de esta situación han creado la plataforma de afectados por las ayudas al alquiler. En la cual forman parte más de 2.000 personas y donde, entre otras cosas, están recogiendo firmas para llevar su consulta al parlamento de Andalucía:

Tengo dos hijos y cobro 216 euros de paro. Como yo, miles de familias estamos en una situación crítica: esperamos desde hace meses que se resuelvan nuestras ayudas para pagar el alquiler, ¿Cuándo tendremos una respuesta de la Junta?

Multitud de afectados

Ellas no están solas, ya que desde esta plataforma de afectados, hemos recibido y conocido multitud de testimonios de diferentes personas. Las cuales se encuentran en situaciones muy complicadas, a las que les une una larga espera de unas ayudas al alquiler que nunca llegan.

Como el caso de una joven de 27 años que solicitó la ayuda al alquiler ya que hay meses que no le alcanza el sueldo para poder vivir. Le pagaron el año pasado (en mayo) sólo un mes correspondiente a 2018, pero de 2019-2020 nada. A día de hoy sigue a la espera sin ninguna información. Pronto acaba su contrato de trabajo, el cual el Gobierno anunció prorrogar debido a la situación por la Covid, pero a fecha de hoy, no saben nada y duda que lleguen a tiempo. Lleva un año en terapia psicológica y recientemente ha vuelto a tener ataques de pánico debido a su situación de incertidumbre absoluta.

Otro caso es el de una mujer con un hijo a cargo, con unos ingresos de 527 euros, y unos gastos de renta de 450 euros más suministros. Hizo la solicitud el día 10 de diciembre del 2018, a mediados de febrero de 2019 la llamaron para llevar de nuevo el padrón, y a fecha de hoy, no aparece en ninguna lista, no tiene información sobre su expediente, y no obtiene respuesta alguna por email ni por teléfono.

O el caso de una mujer de 31 años con una hija a cargo de 8, pensionista con discapacidad debido a un accidente de trabajo. La cual vive pagando un alquiler de 525 euros, y su pensión es muy pequeña, cosa que está en proceso de solucionar. Recibe ayuda y alimentos de familia y entidades, pero tiene deudas de suministros y vivienda. Solicitó la ayuda de alquiler, dentro del plazo fijado. Sin embargo, al aprobarse por orden de llegada, se quedó sin poder recibirla al terminarse el presupuesto.

También nos contacto, una mujer desempleada con dos menores a cargo, y unos ingresos de 451 euros. Solicitó la ayuda de alquiler de la Junta de Andalucía el 21/12/2018. A día de hoy la única respuesta que obtiene es que las ayudas solo llegan hasta el día 12 de diciembre, y ya se ha agotado el presupuesto.

Estos son solo algunas de las personas que nos han contactado, pero los casos de afectados por estas ayudas pueden contarse por cientos.

Ayudas al alquiler

Todos estos testimonios hablan de dos tipos de ayudas al alquiler: las ayudas al alquiler de la vivienda habitual de la Junta de Andalucía, y el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Aunque se trata de dos ayudas diferentes, comparten el mismo objetivo. Además de presentar ambas importantes retrasos, falta de presupuesto y personal para su tramitación.

Ayudas al alquiler de la vivienda habitual de la Junta de Andalucía

Las diferentes ayudas al alquiler de la Consejería de Fomento y Vivienda acumulan retrasos en los abonos desde la convocatoria de 2018 a la actual.

Dichas ayudas, que se financian con fondos de financiación propia de la Junta de Andalucía y fondos estatales. Están previstas tanto en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, como en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

Estas ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 contaron con un presupuesto inicial de 57.143.793 euros para tres anualidades, 2018, 2019 y 2020. Ante estos datos, nos encontramos con una situación crítica, donde miles de familias todavía no han recibido la ayuda al alquiler que tienen aprobada desde la convocatoria de 2018.

Se trata de familias vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, o jóvenes con trabajos precarios, que acumulan importantes deudas al no poder hacer frente a los pagos de la renta. Estamos hablando de atrasos de años, por lo que muchas de las personas solicitantes cuentan con ordenes de desahucio y lanzamiento, denuncias por parte de los propietarios o incluso han debido abandonar la vivienda que tenían alquilada.

Actuación de oficio

En 2019, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, abrió una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio por el retraso en la resolución de las solicitudes de las ayudas al alquiler de 2018. No obstante podemos ver que a 2021, la situación lejos de solucionarse se ha agravado. Parece que los hogares solicitantes han quedado totalmente desprotegidos y olvidados.

Debemos tener en cuenta que se trata de familias que no pueden con sus propios medios acceder a una vivienda en el mercado libre, ni tampoco logran acceder a una vivienda protegida con la urgencia que demanda su situación habitacional. Por lo que el retraso en la gestión de estas ayudas distorsiona la finalidad para la que fueron creadas, incumplen sus objetivos, y vulneran los derechos de la ciudadanía de contar con una vivienda digna.

Ayudas al alquiler de vivienda habitual COVID-19

Esta ayuda se lanzó a consecuencia de la crisis debida a la pandemia por el coronavirus. Con el objeto de la concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual. Que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

Las ayudas tendrían una duración máxima de 6 meses consecutivos. Pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020. Con un importe máximo de la ayuda de 900 euros al mes y hasta 6 mensualidades, pudiendo alcanzar 5.400 euros.

Esta ayuda se diseño compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que venga percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Siempre y cuando el total de las ayudas no superen el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

Trámites enfocados en agilizar la tramitación, sin resultados

Ante esta convocatoria, se anunciaron trámites para reforzar y agilizar la tramitación de las ayudas para el alquiler, debido al gran aumento de demanda de ayuda en este sentido, provocado por la Covid.

En marzo de 2020, se publicó un decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19. Incluyendo entre otras, la agilización de las ayudas atrasadas del alquiler. Un año después, nos seguimos encontrando con miles de hogares que no han recibido respuesta alguna.

No solo están los que no la han recibido por la falta de presupuesto. Si no que muchas personas ni siquiera saben en qué estado se encuentra su expediente, si está aprobado o no, o si se le requiere documentación adicional.

Hace un año podíamos entender en cierto modo, que las ayudas lanzadas para paliar la situación del coronavirus tardasen unas semanas en funcionar. Lo que ya no podemos comprender ni tolerar, es que tras haber cumplido un año desde la declaración del estado de alarma en nuestro país por la pandemia, miles de hogares no hayan recibido ni un euro de las ayudas prometidas.

Principales problemáticas

A través de las múltiples quejas y reclamaciones de las personas afectadas, podemos observar los siguientes problemas principales:

Falta de fondos y presupuestos

Parece que el principal problema de esta ayuda es la falta de presupuesto. Nos hemos encontrado con que muchas personas, habiéndoles concedido la ayuda, vieron truncada su suerte, ya que no la llegaron a recibir por falta de presupuesto.

Es decir, esperas durante meses para que te concedan una ayuda esencial. Y cuando te la aprueban, no la puedes recibir porque el presupuesto se ha acabado y hasta la próxima convocatoria no se puede hacer nada más. Ante este hecho, las personas afectadas reciben muy poca información. Apenas saben cuándo podrán cobrar la ayuda, si quedan en lista de espera, o si tendrán que volver a solicitarla en la siguiente convocatoria.

Todo ello, por un Gobierno que, calcula a la baja los fondos necesarios que deben destinar para cubrir las carencias de ingresos de tantas familias andaluzas.

Falta de personal

La historia se repite. Los organismos no cuentan con el personal suficiente para afrontar la magnitud de solicitudes a gestionar para este tipo de ayudas.

Y es algo que venimos denunciando hasta la saciedad en todos los casos de ayudas y prestaciones que sufren atrasos y colapsos: cómo es posible que, habiendo tantas personas formadas y preparadas, en situación de desempleo, no se hagan convocatorias y contrataciones para solventar esta carencia tan acusada de personal.

Al final, no solo salen más perjudicadas las familias más vulnerables. Si no que el personal empleado en estas tareas, acaba saturado y con tal sobrecarga de trabajo, que acaba generando errores y falta de efectividad en su labor.

Falta de trasparencia y criterios difusos

La información que proporcionan desde las administraciones es mínima. Ante atrasos y problemas con la gestión de las ayudas, prefieren guardar silencio. Por nuestra parte, no paramos de ver casos en los que, la persona interesada reclama información y orientación sobre el estado de su expediente, y al parecer, nadie sabe nada.

Además, hemos detectado un hecho que, cuanto menos, es preocupante. En un principio, las ayudas se concederían siguiente ciertos criterios, por los cuales, determinados perfiles sociales tendrían preferencia a la hora de la concesión de esta ayuda.

Sin embargo, nos hemos ido encontrando con que el criterio básico ha sido el orden de llegada. Es decir, poco ha importado la situación particular de cada solicitante. Ni toda la documentación acreditativa para demostrarlo: quien ha llegado primero se le ha concedido la ayuda, y así, hasta que se ha terminado el presupuesto disponible.

Y ante las reclamaciones por ello, obtenemos más silencio y desinformación. Lo cual deja a las personas solicitantes en una situación de desamparo y vulnerabilidad absoluta.

Situación al borde del colapso

Ante tal catastrófica situación, la ciudadanía se ha visto abocada a la creación de plataformas y recogidas de firmas para luchar por sus derechos.

El Gobierno parece desentenderse y pasar la responsabilidad a las autonomías. Y las comunidades autónomas no son capaces de dar respuesta y cobertura a tantas familias vulnerables y en riesgo de exclusión como tenemos en estos momentos.

Esta situación no es ninguna broma: familias en la necesidad de pedir ayuda a su entorno o a entidades caritativas para poder hacer frente a las mensualidades y los gastos de la vivienda, que viven día tras día con el miedo a ser desahuciados.

Familias que se encuentran envueltos en conflictos con los propietarios ante la imposibilidad de pagar. Que se ven obligados a dejar la vivienda alquilada, y reubicarse. Si tienen suerte en viviendas de otros familiares y si no, en albergues, casas de acogida, o incluso la calle.

Además, tampoco vemos que se fomenten viviendas sociales. Ni facilitan el acceso a viviendas protegidas, ni gestionan alquileres sociales que lleguen a mayor población y no solo a aquellas que sufran un desahucio por impago de su hipoteca.

Es entonces cuando nos planteamos, ¿Dónde queda el derecho a una vivienda digna?, ¿Dónde queda la protección a los menores como prioridad?. La población andaluza necesita una solución de manera inmediata, o las consecuencias para miles de personas serán terribles, si es que no las están sufriendo ya.

Enlaces de interés

Tamara López

Graduada en Trabajo Social. Máster en Educación Social y Animación Sociocultural.
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