La Seguridad Social aun no ha confirmado la ampliación del plazo para las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital


José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido entrevistado este martes en ‘Hora 25’ para hablar de los retrasos en el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Dichas declaraciones, ya publicadas en nuestra web, nos dejan quizá más dudas de las que nos resuelven.

Vamos a analizar los puntos más importantes que se trataron en la entrevista:

¿Se ampliara el plazo de tres meses, para las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital?

Se ampliará el plazo que en un principio se estableció en 3 meses en relación a efectos económicos retroactivos a todas las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre.

Es decir, que las familias que soliciten el IMV hasta el 31 de diciembre, recibirán el pago con carácter retroactivo en el supuesto de que les sea concedido. Hasta ahí nos queda claro, pero de lo que no se habla tan claro es de lo que ocurre con el silencio administrativo, es decir, según el plazo que pusieron al inicio del procedimiento, quedan unos días para que, con aquellas familias que no tengan aun respuesta alguna, se produzca silencio administrativo, lo que supone que cumplan o no los requisitos deberán volver a solicitar la prestación de nuevo.

Interpretando las palabras del ministro Escrivá: «Desde el principio planteamos un horizonte de 3 meses para evaluar todas las solicitudes. Lo vamos a extender a final de año. Cualquier solicitud que se presente hasta final de año recibirá retroactivamente toda la prestación desde el 1 de julio».

Podríamos dar por sentado que se ampliaría también este plazo de 3 meses que la seguridad social dispone para resolver los expedientes antes de denegarlos por silencio administrativo, hasta finales de año. En este sentido hasta que la propia Seguridad Social se pronuncie confirmandolo, es evidente que es mejor mantener la cautela y en caso contrario seguir el proceso de reclamación ante la denegación por silencio administrativo.

En todo caso, con la ampliación de los efectos retroactivos no se perdería el beneficio del pago desde el mes de junio. Además, nos hace plantearnos si sería incluso favorable ante el supuesto de que se vaya a simplificar la gestión, lo que nos lleva al siguiente punto.

Se simplificará el procedimiento de tramitación.

Escrivá puntualiza que, a diferencia de la obligación que ahora existe de la confirmación de que los miembros de la unidad familiar estén dados de alta en el paro, esto se haga a posteriori en los siguientes meses. Sin embargo, no se hablan de otras grandes trabas que se han estado produciendo, como por ejemplo, la presentación del certificado de empadronamiento histórico familiar.

Ya los sindicatos y los usuarios clamaban por un sistema en el que la propia administración coteje este tipo de datos a los que pueden acceder mediante las bases de datos disponibles. Son muchas las familias que no disponen de medios para tramitar esta documentación online, además de la saturación que existe en las oficinas presenciales para solicitarlos.

Es por ello que nos asalta la duda de que tal «acelerón» en cuanto a la aprobación de solicitudes del IMV que según Escrivá se va a producir en las próximas semanas vaya a ser tal, ya que son diversos los motivos por los que se les están haciendo requerimientos a los solicitantes, no solo el certificado del paro.

La dudosa gestión por parte de Tragsa y la falta de recursos.

Durante la entrevista, el Ministro no ha hecho mención ante la polémica que ha surgido durante las últimas semanas con respecto a las denuncias realizadas por ex trabajadores de Tragsatec, los cuales demandaban falta de formación, de recursos materiales y de personal, así como supuestos atrasos producidos por la codificación de las solicitudes de manera incorrecta, lo que atrasaba más el procedimiento de aprobación.

Si estas acusaciones resultan ciertas, la lentitud seguirá existiendo, ya que, como hemos apuntado antes, se prevé que numerosas familias tengan que realizar una segunda solicitud en los próximos meses, además de aquellas que se encuentren de nuevas en situación de vulnerabilidad y necesiten la prestación.

Si bien podemos entender que la situación derivada por la pandemia mundial que estamos viviendo es nueva para todos, no se entiende que no anticipasen las posibles cifras de familias solicitantes que habría, y por tanto, los medios de los que se deberían haber provisto para atender tal demanda.

Lo que si podemos ver es que, seis meses después de que comenzase el estado de alarma por la COVID 19, no se está apenas empezando a solucionar la dramática situación económica y social que las familias más vulnerables están viviendo en nuestro país.

Tamara López

Sobre Tamara López

Graduada en Trabajo Social. Máster en Educación Social y Animación Sociocultural.