El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública tiene como objetivo reformar la administración pública para hacerla más accesible al público.
Evolución hacia un sistema más accesible
El Gobierno se ha propuesto reformar toda la Administración Pública durante esta legislatura para adaptarla, a través de las nuevas tecnologías, a un sistema más accesible al público y personalizado a las necesidades del usuario. Esta será una de las líneas maestras del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en los próximos años, tal y como explicó su titular, José Luis Escrivá.
Fin de la cita previa obligatoria
La reforma pondrá fin al modelo actual de atención de la Administración basado en la cita previa obligatoria. Una de las piezas centrales de la reforma es el fin del modelo de cita previa obligatoria. Escrivá quiere impulsar un modelo que flexibilice la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir presencialmente. Ya que para muchos de ellos es un servicio indispensable.
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Hacia un sistema más accesible y sencillo
La cita previa seguirá siendo una herramienta de trabajo y organización. Pero desde el Ministerio impulsarán una reforma de la ley de procedimiento administrativo para acabar con esta exigencia en determinados servicios. Con la ayuda de nuevas herramientas digitales, el modelo avanzará hacia un sistema más accesible y sencillo. Más adaptado y organizado en base a las necesidades de cada ciudadano y menos burocrático.
La IA y la renovación de plantilla serán claves
Si el fin de la cita previa obligatoria será uno de los elementos de esta reforma que más incidan en la relación cotidiana del ciudadano con la Administración Pública, la IA y la digitalización jugarán un papel clave en la modernización. Por otra parte, el Ministerio también considera clave para el éxito de la reforma la renovación de las plantillas a través de la reforma del sistema de reposición a partir de 2025 para adaptar el modelo a las necesidades de prestación de servicios del Estado.
Un modelo administrativo
El objetivo es diseñar una administración estatal con los estándares de calidad de las democracias escandinavas y que integre el modelo administrativo español de pleno en el siglo XXI.