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El modelo de residencias del Gobierno parte de una base «mejorable»

Mucho antes de que la terrible pandemia llegase a nuestras vidas, ya había infinidad de voces reclamando un nuevo modelo para estos centros


A día de hoy, hablar de residencia de mayores ya no es lo mismo que hace treinta años. La imagen de personas mayores en sus últimos años de vida encerrados en una institución denominada “asilo”, ya no tiene gran parecido con lo que significa hoy en día residir en este tipo de recursos. Cada vez más, las residencias de personas mayores abogan por ser considerados un hogar de verdad donde poder disfrutar la última etapa de nuestra vida.

Uno de los motivos de este cambio, es el incremento de la esperanza de vida. Factor que ha obligado a cambiar de enfoque a la hora de plantearse iniciativas para la calidad de las personas mayores. Por ello, ahora contamos con modelos de residencias con un enfoque integral pensado para un público más amplio, tanto para personas dependientes como no dependientes.

Un nuevo modelo

A pesar de los avances, siempre se puede mejorar y aún queda mucho por hacer. Por ello, se está trabajando por un nuevo modelo de residencias donde se pueda garantizar una atención más personalizada que cubra las necesidades y demandas del usuario o usuaria y que conlleve un trato mucho más digno.

El Gobierno ha empezado a poner sobre la mesa una serie de medidas que están incluidas en el borrador de trabajo de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales con el fin de ser compartidas y dialogadas para acordar unos criterios comunes.

Los “principios rectores” que son la base de este nuevo modelo de atención son:

  • Dignidad y respeto a las personas en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de todo el ciclo vital.
  • Atención centrada en la persona.
  • Participación.
  • Control y elección de lo que sucede en su propia vida.
  • Derecho a la salud y al bienestar personal.
  • Vida activa en la comunidad.

Algunas de las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa son:

La posibilidad de que los nuevos edificios que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia que en ningún caso superen las 15 personas y que estén compuestas por: habitaciones individuales, zonas comunes (cocina, comedor, salón) y acceso a un espacio exterior.

Por otra parte, también se aboga por que el 65% de las plazas de los centros estén destinadas a habitaciones individuales. Aunque a priori son dos medidas que ayudar a dar un paso hacia delante hacia el cambio, existe por un lado cierta controversia por los costes económicos que esto vaya a conllevar y, por ende, la dudosa viabilidad de llevarlo a la práctica.

Por otro lado, algunas asociaciones critican que en un primer momento se había planteado edificios de menos 50 plazas que se acercaban más a la idea de pequeños hogares que el nuevo planteamiento. Es importante recordar que actualmente, existen centros residenciales con más de 300 plazas.

Cuestiones sanitarias a tratar

El borrador también aborda cuestiones sanitarias como, por ejemplo, facilidades a la hora de acceder al historial clínico, al acceso de recetas electrónicas, la gestión de pruebas y consultas, y por supuesto una mayor coordinación con los servicios sanitarios incluyendo la creación de una figura de enlace cubierta por un profesional sanitario para los centros residenciales de más de 30 plazas.

Aún así, entidades como Amnistía Internacional, hacen hincapié en que se necesitan también medidas más concretas que protejan y eviten la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores, y piden más concreción en las medidas médicas para evitar cualquier tipo de discriminación a la hora de acceder a atención sanitaria.

Mayor ratio de personal

El personal de las residencias, también está siendo un pilar fundamental que cambiar, actualmente muchas veces resulta insuficiente el número de personas trabajadoras con toda la carga de trabajo que hay. Por ello, para conseguir un trato más individualizado y más digno es imprescindible que haya más personal contratado y que, además tenga la cualificación profesional adecuada.

Para ello, expertos y asociaciones piden una mayor ratio de personal sin diferenciación entre residencias para mayores y residencias para personas con discapacidad, una mayor estabilidad laboral, un aumento salarial y nuevos requisitos en las titulaciones correspondientes a los puestos de trabajo.

Sin duda, para que realmente se produzca un cambio, es necesario mejorar los procesos de control e inspección. En el caso de las inspecciones, el borrador propone que las administraciones competentes garanticen un o una inspectora por cada 30 centros de atención residencial. Las asociaciones y sindicatos piden también reforzar este control con la implantación de un sistema de denuncias anónimo y el acceso a la información derivada de las inspecciones como ejercicio de transparencia.

El entorno familiar

Por último, también se aborda la cuestión del entorno familiar. Como todos y todas sabemos, las visitas de familiares y personas allegadas a los centros residenciales han sufrido un gran deterioro durante la pandemia. Por ello, se promoverá la participación de las familias, se implantarán canales de comunicación permanente y se facilitará la recepción de visitas.

Esperamos que todas estás medidas sigan evolucionando hasta constituir un modelo nuevo para los centros de mayores. Que realmente se centre en las personas y que tenga en cuenta todos los agentes sociales.

Sonia Antuña

Graduada en Educación Social

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