Desde que se presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se aseguró que 830.000 hogares se iban a beneficiar de la prestación con el objetivo de que muchas familias mejoran sus condiciones a nivel económico y social.
Desde que se aprobó el IMV, únicamente lo han solicitado 1,52 millones de personas. En 2021, se aceleró el trámite pero en los últimos meses se ralentizó y no se ha llegado a la población total que en un principio se acordó.
No porque haya menos personas vulnerables de los que pensaban los técnicos de Escrivá sino porque el 67,8% de los posibles solicitantes ni se han acercado a una oficina pública para pedirlo y otros 6,2% lo han hecho, pero se han marchado antes de firmar o lo intentaron con un ordenador y no pudieron concluir el trámite. Son datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, realizada a 7.000 hogares considerados población diana del IMV. Una muestra de los 5,3 millones de personas que viven en pobreza severa en España tras el covid-19.
Colaboración con las entidades sociales
La seguridad social ha pedido colaboracion a las entidades sociales con el fin de llegar a la población diana, por ahora solamente Cruz Roja se ha acreditado como mediadores para poder realizar los trámites relacionados con el IMV.
Es cierto, que aquellas personas a las que se les debe reconocer porque tienen derecho a ella, se les excluyen por diferentes motivos. Además, muchas familias que se encuentran en una pobreza extrema carecen de ordenador o acceso a internet por lo que dificulta el acceso para poder realizar el trámite.
Desconcierto y desconfianza
Existe un desconcierto y desconfianza a nivel social en relación a la ayuda ya que en un principio se garantizó que la contestación a ésta sería en un periodo corto de tiempo, pero la realidad no es así. A esto se le añade el alto porcentaje de denegaciones con la resolución de superación de nivel de ingresos y rentas en los que no se explican las razones exactas de la denegación o por qué se concede una cuantía y no otra.
La respuesta a la pregunta de Escrivá la han dado ya las organizaciones que conocen la exclusión social. Según la encuesta de la Fundación Foessa, incluida en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, el 56,8% de los hogares en pobreza severa, es decir, con ingresos por debajo del 40% de la mediana –6.417,35 euros–, no ha recibido información sobre el IMV. Otro 10,7% ha recibido información, pero no la suficiente para solicitarlo, y un 7,9% dice que tiene información, pero no necesita la ayuda. Un 6,2% ha intentado solicitarla, pero ha encontrado “barreras” para hacer el trámite: o ha acudido a la oficina correspondiente pero no ha conseguido cita o ha tratado de iniciarlo por ordenador y no lo ha podido finalizarlo. En resumen, sólo el 25% de los potenciales beneficiarios del IMV lo han solicitado.
Los obstáculos de la administración
Si a ese bajo alcance se le suma el alto porcentaje de denegaciones, la cobertura del IMV pierde más fuelle aún. Con las cifras de octubre de 2021, el 71,4% de las solicitudes tramitadas fueron rechazadas, un total de 888.458, mientras que otras 18.638 se encontraban pendientes de subsanación de errores. Casi la mitad de las denegaciones se deben a que los solicitantes superan el nivel de ingresos, “una de las barreras más excluyentes”, según el informe de Foessa.
Sería interesante la desburocratización del procedimiento de solicitud del IMV, y la apertura de una ventanilla única que permita la atención personalizada de las personas que quieran solicitarlo.
