El ingreso mínimo vital llegara a 135.000 familias en octubre


El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que la puesta en marcha de una prestación del calado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un reto para la Seguridad Social, debido al gran volumen de solicitudes recibidas en un contexto de pandemia. En la primera semana desde su puesta en marcha, llegaron 300.000 solicitudes, una cifra que se elevó al medio millón el primer mes y que ahora, tres meses y medio después del inicio del plazo, roza el millón. De esos expedientes recibidos, Escrivá ha subrayado que se han tramitado 470.000 y aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes.

“Para que se hagan una idea, en el primer mes y medio, recibimos tantos expedientes como solicitudes de pensiones se tramitan en un año”, ha indicado el ministro, destacando que, además, “han llegado en un contexto de pandemia y con un personal limitado, que se ha reducido un 20% en los últimos 20 años”. No obstante, “gracias al enorme esfuerzo realizado por los trabajadores y a varias innovaciones tecnológicas”, tres meses y medio después de su puesta en marcha, “hemos tramitado prácticamente la mitad de los expedientes que han llegado al Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

Tras los ajustes normativos aprobados en las últimas semanas, “se ha producido una aceleración en la gestión, que ha permitido pasar de 330.000 expedientes tramitados en septiembre a unos 470.000 ahora mismo”, lo que supone prácticamente la mitad de los 965.000 expedientes recibidos (una vez descontando los que se han recibido por duplicado).  El ministro ha indicado que espera que la aceleración en la gestión continúe en las próximas semanas.

Escrivá ha subrayado que de los casi 470.000 expedientes tramitados, aproximadamente 135.000 hogares percibirán la prestación en la nómina de este mes, lo que significa que el Ingreso Mínimo Vital llegará a más de 500.000 personas poco más de tres meses después de su puesta en marcha. Unos 150.000 expedientes están pendientes de entrega de alguna documentación, que le ha sido solicitada desde el INSS.

Además, 180.000 expedientes han sido denegados, en su mayoría por incumplir el criterio de vulnerabilidad, al superar el umbral de renta o patrimonio estipulado en la normativa.

Según el ministro, la puesta en marcha del ingreso mínimo “ha venido acompañada de una revolución en los procedimientos administrativos”. Una de las iniciativas más novedosas ha sido un simulador que registró más de 7 millones de simulaciones, llegando a registrar más de 20.000 interacciones por minuto (uno de los mayores registros históricos sobre la plataforma de Google). Otra de las novedades ha sido la utilización de robots software (RPA) para automatizar tareas operativas o de gestión del IMV.

Además, antes de final de año, el ministerio dará luz verde a algunos de los desarrollos reglamentarios que permitirán que el Ingreso Mínimo Vital sea un conjunto de políticas alrededor de una prestación, como el Sello Social o el Consejo Consultivo. En enero, ha anunciado el ministro Escrivá, “se realizará también una evaluación del acceso al Ingreso Mínimo Vital” para valorar si es necesario hacer modificaciones normativas.

Protección de rentas del 30% de la población ocupada

El ministro de Inclusión también se ha referido en su comparecencia a las medidas de protección de rentas tomadas durante la pandemia, que han permitido cubrir, además de la cobertura preexistentes, a más de 6 millones de personas, el 30% de la población ocupada, en el momento más agudo del cierre de la economía y que “han supuesto un esfuerzo presupuestario de más de 12.000 millones de euros sólo para la Seguridad Social”.

Además, Escrivá ha subrayado que cuatro de cada cinco de personas cuyas rentas se protegieron a través de ERTE, nuevas prestaciones para autónomos o desempleo, han regresado a la actividad, es decir, 4,8 millones de personas, de los 6 millones que se llegaron a proteger.

Estas medidas han sido especialmente eficaces para que la evolución del empleo haya sido mucho más favorable que la del Producto Interior Bruto en los últimos meses. “A diferencia del comportamiento en otros momentos del pasado, en el que PIB y empleo se comportaban prácticamente igual, en esta ocasión, la caída de la actividad ha sido cuatro veces mayor a la del empleo”, ha destacado el ministro.

No obstante, pasada la fase aguda del confinamiento, se ha iniciado una mejoría del mercado laboral que ha llevado a recuperar dos de cada tres empleos destruidos. En cuanto a los ERTE, el ministro ha destacado el “gran funcionamiento que ha tenido este instrumento, diseñado a priori para grandes industrias, en una economía de pymes y servicios como la española”. En este sentido, Escrivá ha indicado que quedan 728.909 personas en estos expedientes, un 80% menos que los que había a 30 de abril, cuando se alcanzó el máximo de trabajadores en ERTE.

En este sentido, el ministro ha subrayado la importancia de “haber pactado con los agentes sociales la extensión de este mecanismo de protección hasta el 31 de enero de 2021”, concentrándose en los trabajadores y empresas que sufran limitaciones o suspensiones de la actividad como consecuencia de las decisiones de las autoridades y en las que están “especialmente afectadas por la pandemia”. Para definir este último concepto, Escrivá ha subrayado que se ha determinado por primera vez “a partir de criterios objetivos: una tasa de recuperación en la actividad que ha sido inferior al 65% y además una tasa de afiliados cubiertos por ERTE superior al 15%”.

También ha destacado que en esta crisis se ha puesto en marcha por primera vez una prestación extraordinaria para autónomos, que “llegó a proteger a casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia en la fase más aguda de la pandemia”. Estas ayudas a autónomos, que ya se prorrogaron en junio, también han sido extendidas hasta el 31 de enero, con una nueva prestación que también cubre a los trabajadores por cuenta propia si la autoridad administrativa suspende su actividad.

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