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El Gobierno Vasco aprueba el anteproyecto de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión

La nueva 'ley de la RGI' integra el Ingreso Mínimo Vital y mejora las cuantías de madres y jubilados.


El anteproyecto de la ley del sistema de garantía de ingresos e inclusión aprobado por el gobierno vasco mejora hasta un 40 % el dinero a las familias y un 17 % a pensionistas, el cambio legislativo pretende integrar en el sistema vasco el ingreso mínimo vital

Integrar el Ingreso Mínimo Vital y mejorar las cuantías de madres y jubilados

La nueva ‘ley de la RGI’ integra el Ingreso Mínimo Vital y mejora las cuantías de madres y jubilados.

El anteproyecto de la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión ha sido aprobado por el Gobierno Vasco, y comenzará en breve su andadura en el Parlamento Vasco para el debate entre los grupos.

La nueva ley integra el Ingreso Mínimo Vital en el sistema vasco, tras su traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca. Amplía los casos que quedan cubiertos; mejora las cuantías, sobre todo en las unidades convivenciales donde hay menores, y «simplifica y agiliza» la gestión hacia un modelo más «ágil, moderno y claro».

Según ha explicado el Ejecutivo, la ley se ideó «en un periodo de recuperación tras la crisis financiera», y el anteproyecto se ha redactado «en medio de todas las incertidumbres generadas por la crisis pandémica, y la aprobamos en el Gobierno en medio de nuevas amenazas para nuestro sistema de bienestar».

Recaerá en Lanbide

Toda la gestión del sistema recaerá en Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), que creará una Unidad de Inspección para evitar el limitado, aunque siempre controvertido fraude en la percepción de las ayudas. La intención del Ejecutivo de Gasteiz es que el texto sea ratificado por el Parlamento Vasco antes de que finalice el año.

La ley mejora el sistema para las mujeres, en caso de separación, «se elimina un requisito que les penalizaba especialmente, como el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones», conciliación y violencia de género, trata y explotación sexual; para los menores, pues no contempla tope de complementos y se mantiene la prestación aunque haya ciertos incumplimientos; a personas con discapacidad, ya que se rebaja la exigencia de empadronamiento con el 33 % de discapacidad reconocida; para víctimas del terrorismo, a quienes no se les exige estar previamente empadronadas; para pensionistas, y para personas refugiadas.

Complementarla con la RGI

Este anteproyecto prevé que las cuantías se actualicen cada año mediante los Presupuestos de la CAV, pero la base será la misma reconocida en el IMV. «Esta decisión pretende dar coherencia a la integración de esta prestación. Sobre todo para quienes tienen derecho a percibirla y, a partir de ese suelo, complementarla con la RGI, unas 17.000 personas en la actualidad»,

El menor cambio sería para una persona adulta sola, que pasaría de percibir 727 euros a 737,45, y la mayor mejoría sería en el caso de una unidad de dos personas adultas y tres menores, que pasarían de 1.033 euros (invariable a pesar del número de menores) a 1425,72 euros.

Los pensionistas también verán aumentada la ayuda: un pensionista recibirá 934,1 euros (835 antes); dos adultos de los cuales uno sea pensionista 1.179,91 euros (antes 1.043) y tres adultos de los que uno sea pensionista 1.327,4 (antes 1.127).

Con carácter general podrán optar a la RGI los mayores de 23 años que lleven tres años empadronados un algún municipio vasco. Requisitos que varían en función de si las unidades convivenciales tienen el carácter de «excepcionales» recogido como novedad en el proyecto de ley.

Una de las dudas que planeaba sobre la futura ley de la RGI era: ¿cuál será el encaje que tendrá la Prestación del Complemento de Vivienda (275 euros) dirigida al pago del alquiler? ya que próximamente la gestión de la PCV pasará de Lanbide a manos del Departamento de Vivienda.

Entre otras novedades, el texto también prevé crear una unidad de inspección. Así como la elaboración de un plan anual que controle el cumplimiento de los requisitos. Igualmente, la ley «refuerza» el diálogo entre los servicios sociales y de inclusión, y asegura que Lanbide ofrecerá a las personas beneficiarias al menos una oferta de empleo o una actividad formativa.

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