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El Gobierno prepara un nuevo sistema de cálculo del PVPC, el mecanismo regulado de la luz al que suelen estar acogidos los usuarios más vulnerables, para evitar subidas y oscilaciones como las que ha registrado en los últimos meses.
En este sentido lo que se pretende es cambiar el sistema de cálculo de la tarifa para evitar las oscilaciones. En lugar de fijar un precio con referencia a un día concreto, a una fecha específica, algo más volátil, se van a tomar una cesta de precios tres referencias temporales: una mensual, otra trimestral y otra la media anual.
Además, se van a ponderar de manera diferente para calcular las medias, de forma que pesarán más las referencias más estables, las del año (hasta el 54%), para evitar los saltos del precio PVPC.
Nueva formula
Todos estos cambios apuntan a que esa nueva fórmula reduciría hasta un tercio la volatilidad de la tarifa. La diferencia entre el precio más barato y el caro durante el día llega ahora al 27% durante el día. Entonces, esa oscilación quedaría en el 17%, según el cálculo oficial.
En teoría, el sistema ayuda a fomentar el desarrollo de las renovables. Es decir, una vez amortizada la inversión inicial, les cuesta mucho menos producir electricidad y la subasta garantiza que la venderán al precio de sus rivales en este mercado. También hace la demanda energética sea cubierta en primer lugar por las fuentes verdes.
Pero lo cierto es que el problema con el gas disparado, el sistema está lejos de funcionar de forma óptima. Quienes lo utilizan para generar electricidad deben vender el megavatio hora al menos al precio al que han pagado el hidrocarburo y todas las demás fuentes van detrás.
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Reducir el impacto en la factura con otras medidas
De ahí que el Gobierno haya tratado de reducir el impacto en la factura con otras medidas, como la excepción ibérica, que limita el precio al que se puede vender la electricidad generada con gas y después paga a las eléctricas la diferencia entre el precio que ofertaron y el que pagaron por el gas. Esta compensación sale de la factura de los consumidores, que pagan menos por ella de lo que pagarían si en su tarifa se aplicase el precio real de la luz.
La medida saldrá próximamente a consulta pública y el Gobierno la introducirá después de forma gradual, de modo que en 2025 suponga la mitad del mercado regulado.