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El Gobierno impulsará en las próximas semanas el «suministro mínimo vital de energía»

Este suministro impedirá el corte de luz de forma temporal otros cuatros meses, a los que hay que sumar los cuatro que ya existían antes.

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El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera impulsará en las próximas semanas el suministro mínimo vital de energía, el cual pretende beneficiar a los consumidores más vulnerables, al estilo del Ingreso Mínimo Vital.

Esta medida ya estuvo en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que diseñó el PSOE en 2019 antes de la formación de Gobierno con Podemos. Posteriormente, ambos partidos se comprometieron a incluirlo como objetivo de pacto de gobierno.

La medida la están terminando de perfilar el departamento de Ribera y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá. La intención es incluirla en el paquete normativo que va a aprobar en las próximas semanas el Consejo de ministros.

En qué consiste esta medida

Este suministro impedirá el corte de luz de forma temporal otros cuatros meses, a los que hay que sumar los cuatro que ya existían antes. De este modo, si pasados ocho meses no se ha pagado se podrá cortar el suministro.

Otras medidas que se anunciaron fueron las de prolongación de la suspensión del impuesto de la producción de energía del 7%, el cual solo estaba aprobado hasta el tercer trimestre. Ahora, el Gobierno mantendrá la suspensión hasta el cuarto trimestre, como ocurre con la rebaja del IVA del 21 al 10%.

Para poner en marcha el suministro se tendrá que hacer un estudio técnico para determinar las «condiciones mínimas de confort». Una modificación técnica y de procedimientos para que distribuidores y comercializadores puedan aplicarlo. Así como reforzar a los servicios sociales para la identificación de estos problemas.

De este modo, será una de las medidas que saque adelante el Gobierno para paliar los efectos de la subida de la luz, que día a día bate récords históricos.

El ministerio trabaja para garantizar el derecho eléctrico

En la actualidad el bono social de la luz lo pagan las comercializadoras eléctricas y el bono social térmico (una ayuda para sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina) se financia vía Presupuestos.

Pero el combate contra la pobreza energética va a recibir más fondos. El proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para recortar los ingresos extra de las hidroeléctricas y nucleares por el encarecimiento del CO2 (que no soportan, pero les beneficia porque eleva el coste del mercado mayorista) prevé destinar un 10% de los ingresos obtenidos a ayudar a los vulnerables severos.

Algunas fuentes conocedoras de los planes del Gobierno apuntan que en la definición de ese suministro mínimo vital estaría también que el gasto en electricidad de las familias más vulnerables funcione como una desgravación en el cálculo de sus ingresos para poder acceder al IMV. Esto supondría que más familias se pudieran acoger a esta renta mínima estatal. Si bien es cierto que esto no está confirmado.

Contratos no asociados a los titulares del IMV

Una de las problemáticas que está analizando el Gobierno es la de que las personas que más necesitan estas medidas de apoyo, y que pueden estar ya recibiendo el IMV, muchas veces no son titulares de los contratos de electricidad asociados a sus viviendas.

Por ejemplo, el contrato es del propietario del inmueble y esas familias están subarrendadas, y reciben cobertura de los servicios sociales de los ayuntamientos o entidades del tercer sector. En estos casos puede ser complejo contactar con la comercializadora. Es uno de los aspectos en los que se está trabajando.

El IMV, creado en 2020, es una renta que oscila entre los 469,8 euros y los 1.033 mensuales en doce pagas. En función de la tipología de hogares.

Esta ayuda la reclamaba Bruselas desde hacía años y solo había alcanzado en junio de 2021 (cuando se cumplió un año desde su puesta en marcha) a 725.000 hogares. Un tercio del objetivo de 2,3 millones que se fijó el Gobierno cuando se puso en marcha.

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Tamara López

Graduada en Trabajo Social. Máster en Educación Social y Animación Sociocultural.
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