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El Gobierno aprueba la Ley de Equidad para evitar privatizaciones sanitarias

La nueva norma impide establecer nuevos copagos y pone trabas a la externalización de los servicios de salud, salvo que sea para una colaboración público privada.


El martes pasado se aprobó en el consejo de ministros el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el que, se cierra la puerta a nuevos copagos y ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia sanitaria universal.

Según la ministra de Sanidad, Carolina Darías, una de las medidas más importantes de este anteproyecto de ley es blindar la sanidad pública. De forma que el modelo de gestión preferente se realice directamente por las administraciones públicas.

No impide la gestión privada

Es cierto y así lo ha plasmado la ministra, que existen excepciones para que la gestión de ciertos centros sanitarios sea de gestión indirecta. Es decir, a través de modelos privados.

Pero estos serán solo como un complemento y apoyo a la administración pública. Lo que se busca es que la sanidad privada no sustituya a la pública y de esta forma se solo se podrá externalizar a la gestión sanitaria privada cuando no sea posible desde la pública o exista insuficiencia de medios para prestar servicios o no se puedan optimizar correctamente los recursos sanitarios.

Para ello, las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.

Eliminación de los copagos en productos ortoprotésicos

Una de las novedades más importantes de esta ley es la eliminación de los copagos, es decir, exime del copago sanitario para los productos ortoprotésicos a los colectivos más vulnerables. Como ya se hizo en su día con los copagos farmacéuticos.

Por lo que los colectivos vulnerables que perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas bajas, o menores con una discapacidad reconocida o personas con rentas bajas por hijo a cargo podrán ser beneficiarios de la eliminación del copago.

Además, el anteproyecto de ley recoge la universalidad en el acceso a la salud y amplía el derecho a la atención a nuevos colectivos. Como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio nacional, así como a sus familiares. Por otro lado, se establece la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial, en concreto en el foro abierto de salud, que ya existía, pero de manera temporal y solo para el estudio de algunas cuestiones.

Belén Romero Escolano

Trabajadora Social
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