El Gobierno aprueba la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a esta hoja de ruta para 2023-2030, impulsada por Derechos Sociales y consensuada en Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas, que recoge el conjunto de medidas y objetivos para que las diferentes administraciones y entidades hagan efectiva la ley de protección a la infancia frente a la violencia aprobada en junio de 2021.

La nueva normativa pretende prevenir, visibilizar y combatir la violencia a los menores en España.

En 2021 aumentaron el 37,18 % las situaciones de maltrato respecto al año anterior. Esta nueva normativa pretende proteger a más de 21.500 niños y niñas.

Entre otros objetivos, la estrategia establece el compromiso de implementar antes de 2025 un Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia.

Durante el año 2021 se registraron 55.354 victimizaciones

Durante el año 2021 se registraron 55.354 victimizaciones, hechos denunciados, de menores en España, según datos del Ministerio de Interior, y se comunicaron al sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones de violencia sobre menores.

Según los últimos datos registrados por las comunidades autónomas en el RUMI, en 2021 aumentaron el 37,18 % las situaciones de maltrato respecto al año anterior, cuando fueron 15.688 notificaciones. De las 21.521 posibles víctimas, 10.473 eran niñas y 11.048 niños.

Más de la mitad de los casos corresponden a adolescentes de 11 a 17 años, sobre todo de entre 11 y 14 que son el 32 %; siete de cada diez niños son de nacionalidad española. La violencia más notificada es la negligencia (el 42,75 % de los casos), seguida por la violencia emocional (30,75 %), la violencia física (16,91 %) y la violencia sexual (9,59 %).

Si quieres recibir noticias como esta, síguenos en redes: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram y Google Noticias.

Nueva estrategia

Esta nueva estrategia plantea hacer una inversión en la mejora de la calidad del conocimiento de esta violencia que «ayudará en la prevención y en la percepción social de la problemática, puesto que sacarán la violencia contra la infancia del espacio privado y lo convertirán en un problema social«.

Para ello, propone un cambio de paradigma con medidas de sensibilización e identificación de este tipo de violencia, tanto para los niños y adolescentes, como para los adultos que forman parte de sus entornos y las administraciones públicas.

Destaca la importancia de garantizar el uso de forma metódica y homogénea los sistemas de registro en los distintos ámbitos, como los servicios educativos, sanitarios, judiciales, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los servicios sociales.

Nueva medida alineada con la ley de infancia

Esta nueva medida esta alineada con la ley de infancia, pretende conseguir un cambio de percepción social, actitudes y comportamientos frente a la violencia contra los niños y adolescentes y garantizar que todos los entornos donde convivan o participen menores sean entornos seguros y protectores.

Las comunidades deben avanzar hacia servicios universales, gratuitos, especializados y multidisciplinares para atender a los niños que han sufrido o ejercido violencia y a sus familias, de manera que en 2025 puedan atender al menos al 60% de los niños y en 2030, el 90 % de las víctimas de violencias graves tengan a su disposición servicios amigables e integrados de atención.