La prestación por hijo a cargo se concedía hasta junio de 2020 a familias con hijos menores de edad o hijos con discapacidad inferior al 33%. Sin embargo, esta ayuda actualmente se ha reducido drásticamente y solo se puede solicitar en dos casos:
Las familias con menores de 18 años, afectados de una discapacidad igual o superior al 33% o mayores afectados de una discapacidad igual o superior al 65%. En esos casos, podrán realizar solicitudes nuevas de la prestación como única excepción.
Además aquellas familias que recibían esta ayuda, también conocida como los «puntos», la seguirán manteniendo. Siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias y no les concedan el ingreso mínimo vital (IMV).
Esta decisión que afecta a miles de hogares perceptores, está envuelta en polémica desde que fue conocida.
Su integración con el IMV
La medida tomada por el Gobierno en teoría no desaparece, ya que, como explican desde la administración, pasa a integrarse al IMV.
En un principio, afirmaron que las familias que mantengan los requisitos para el cobro de la prestación por hijo a cargo, pasarían a percibir el Ingreso Mínimo Vital, sin embargo, no en todos los casos ha sucedido así.
Desde que el IMV se puso en marcha nos hemos encontrado con que se les ha concedido de oficio el IMV a aquellas familias que cumplían con los requisitos. Y también, con familias que percibían la prestación por hijo a cargo, no cumplían con los requisitos, y han continuado percibiendo los puntos.
El problema llega cuando, familias que antes podrían haber solicitado y recibido los puntos, ahora no pueden acceder a ninguna de las dos prestaciones. Una por haber casi desaparecido, y la otra por no cumplir con los requisitos necesarios.
Las entidades sociales critican esta decisión
La opinión con respecto a este asunto es compartida por la mayoría de las entidades sociales, asociaciones y ONGs.
Por cada hijo, el Estado daba semestralmente una ayuda de entre 341 y 588 euros por hijo. Según el Gobierno, de las 850.000 familias que recibirán la nueva prestación IMV, la mitad tiene niños, unas 425.000. Pero no hay un cálculo sobre el número de niños que se beneficiarán. En todo caso, las organizaciones de la infancia reclaman proteger a esa franja de familias.
Se prevé que alrededor de un millón de menores no se verán beneficiados, debido a que no tienen problemas tan graves de pobreza, pero sí para sus oportunidades de salir de la desigualdad.
En poco tiempo veremos como todas aquellas familias con hijos en pobreza moderada o al borde de la exclusión, al no poder acceder a ninguna de dichas prestaciones, verán sus oportunidades mermadas.
La pobreza infantil alcanza al 29% de los niños en España. Una cifra que resulta alarmante, incluso más si se tiene en cuenta que no refleja el impacto de la pandemia en las familias más vulnerables. Por eso, es imprescindible tratar de garantizar los derechos de todos los menores, y no solo de aquellos que pertenezcan a familias en situación de pobreza extrema.
Las ONGs y diferentes entidades sociales han propuesto diferentes medidas para paliar esta situación. Como, por ejemplo, reorientar la casi desaparecida prestación para que se destine a la crianza a los hijos. O que estas familias puedan adquirir alimentos a través de una «tarjeta monedero» con la que podrían comprar en tiendas de forma directa.
Las inminentes consecuencias
La ONG “Save The Children” estima que, si no se toman las medidas adecuadas, la pobreza puede llegar a alcanzar al 33% de los niños a finales de este año y destaca que serán los hogares con menores a cargo los que más sufran los efectos de la crisis económica.
Por ejemplo, la organización ha calculado que el riesgo de pobreza de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer, aumentará del 41,1% hasta el 48% por culpa de la covid-19.
No podemos olvidar que la prestación por hijo a cargo suponía la única ayuda estatal que existía específicamente contra la pobreza infantil.
España está en la minoría de once países de la UE (teniendo en cuenta los 28, con Reino Unido) que no tiene una prestación por hijo universal, para todas las familias con niños. Y aunque fuese muy limitada e insuficiente, aportaba un pequeño empujón a la economía de las familias más vulnerables.
Si bien la integración de la ayuda en el ingreso mínimo vital tiene cierto sentido. La desaparición de «los puntos» debería ser progresiva y a la par con la evolución del IMV. El cual aún está muy lejos de cubrir a toda la población potencialmente beneficiaria.