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El Congreso aprueba la Ley de Empleo: así funcionará el nuevo SEPE en 2023

La norma diseñada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene como objetivo ofrecer una atención individualizada al ciudadano y ejercer un mayor control de los ERE a través de la Inspección.


Tras la aprobación de la nueva ley de empleo. El actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en la Agencia Española de Empleo, un organismo público gestionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este nuevo SEPE tiene como objetivo ofrecer una atención individualizada al ciudadano y ampliar los colectivos de atención prioritaria. Esta, además, introducirá algunas novedades, como un mayor control de los ERE a través de la Inspección de Trabajo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya anunció que el nuevo SEPE empezará a funcionar en un plazo de seis meses. Esta nueva ley tendrá la posibilidad de recibir un acompañamiento individualizado, tanto de forma presencial como telemática. A través de una Cartera Común de Servicios, un tutor elaborará un perfil de la persona, con un expediente laboral único, atención continuada e itinerario personalizado. Los usuarios también podrán contar con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

¿Cómo será el nuevo SEPE: la Agencia Española de Empleo?

Una de las claves de la nueva Ley es la creación de la Agencia Española de Empleo, con la que se pretende dar un nuevo enfoque a los servicios públicos de empleo y a las políticas activas.

Este organismo público cambiará su foco de actuación y no solo se dirigirá a los demandantes de empleo, sino también a los trabajadores en activo que deseen mejorar su posición y favorecer su vida laboral. Para ello, las empresas usuarias de los servicios públicos tendrán la obligación de comunicar sus ofertas disponibles.

Como novedad se incluirán más colectivos de atención prioritaria. Bajo esta categoría se englobará a las personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas, y trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.

¿Qué se pretende con estos cambios?

El Ministerio de Trabajo aspira a facilitar la integración en el mercado laboral de los desempleados, por lo que la norma hará más individualizada su atención. El SEPE pondrá a disposición de estas personas un catálogo de servicios garantizados, con un itinerario y tutorización personalizada y continuada, y formación para el empleo.

Para mejorar la empleabilidad, y aunque no se recupera la autorización administrativa previa, la modificación amplía las competencias de la Inspección, que deberá ocuparse de vigilar las causas de los ERE. De esta forma, tendrá que manifestarse sobre el desarrollo del periodo de consultas y emitir un informe en el que analice si la empresa justifica la aplicación del despido colectivo de forma correcta. De no ser así, este organismo público no podrá echar abajo el ERE, pero su dictamen puede ser impugnado en los tribunales.

Además, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por la cual se blinda el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) inembargable en todas sus cuantías, tanto en términos mensuales como anuales.

Esta modificación que impide el embargo de la cuantía equivalente al SMI, se aplica a cualquiera que sea la forma de su cómputo, la naturaleza de la retribución o el periodo de devengo, al atender las necesidades mínimas.

Belén Romero Escolano

Trabajadora Social
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