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Según la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, el 43,5% de las personas consumidoras en España está en situación de vulnerabilidad energética.
En su opinión, los problemas económicos y el desconocimiento de las ayudas disponibles son las principales barreras que encuentran las personas consumidoras para generar en sus viviendas la temperatura adecuada para su bienestar.
Por ello, la entidad, junto a otras organizaciones sociales, demanda una tarifa social de energía para garantizar el derecho al suministro eléctrico frente a la «insuficiencia» del actual Bono Social.
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Semana Europea contra la Pobreza Energética
Este año 2023, en el marco de la Semana Europea contra la Pobreza Energética (del 17 al 23 de febrero), desde la Federación de Consumidores y Usuarios reivindicarán el derecho a un suministro energético asequible y no contaminante para todas las personas, como marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 establecido por la ONU.
«El Bono Social es, a día de hoy, la única herramienta de protección para los colectivos más vulnerables, pero es insuficiente», ha denunciado la entidad que recuerda que en España hay 3,5 millones de personas en situación de carencia material y social severa y solo 1.253.538 son beneficiarios de esta ayuda.
Según CECU, uno de los principales motivos de esta falta de cobertura es que coloca la responsabilidad sobre las personas consumidoras, ya que son estas las que deben solicitar la ayuda para poder recibirla. «Para muchas personas, realizar este trámite no es nada sencillo: no todas disponen de los medios técnicos para hacerlo, de conexión a internet o de la familiarización con los conceptos necesaria para entender el procedimiento».
En definitiva, la entidad reclama que la tarifa debería reconocer el suministro eléctrico como un derecho de todas las personas y garantizar un mínimo vital de energía eléctrica. Debe introducirse en el marco de una reforma integral del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros como la justicia social, la redistribución y el cambio climático.
Asimismo, debe ser una medida más dentro del escudo social y permanecer bajo el control de los poderes públicos y, según la CECU, debe permitir acceder en equidad de condiciones.