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Así es el sistema que promete rebajar la luz en hasta un 20 % para los hogares con tarifa regulada

El Congreso ha aprobado el tope al gas, que entra en vigor a partir del 15 de junio


El esquema ideado por España y Portugal para rebajar la presión del gas natural sobre la factura de la luz ya tiene el aval comunitario y del congreso. Tras el aviso de la Comisión Europea, recibido meses después de lo inicialmente previsto en Madrid y Lisboa, la fórmula debería empezar a notarse a partir del miércoles que viene (próximo día 15 de junio) en el recibo de la luz de los diez millones de clientes del mercado regulado.

A medida que les toque renovar con su empresa comercializadora, también se debería dejar sentir en aquellos hogares y empresas que están en el libre.

Estos son los principales puntos:

Funcionamiento

El mercado eléctrico español es de tipo marginalista: el precio de la luz lo fija, en cada tramo horario, la fuente de producción más cara. Dado que el brutal encarecimiento del gas en el último año, en el que ha quintuplicado su cotización, es el principal factor del estirón de la factura de la luz, limitar su precio a 40 euros por megavatio hora (MWh) en un principio, y a 48,8 en la media de los doce meses de vigencia del mecanismo, frente a los 71 euros anuales actuales, frenará en seco la escalada.

Se reducirá la sobrerretribución del resto de tecnologías de generación, para las que el coste no ha variado y sus ingresos, en cambio, se han disparado.

La diferencia entre el precio del gas en el mercado y el tope (si se aplicase mañana, 31 euros por MWh: 71 euros menos 40) la abonará el propio sistema. Es decir, los consumidores. Sin embargo, el beneficio para ellos de bajar el precio marginal es tan grande que en términos netos saldrán claramente beneficiados.

Bajara del recibo

Mucho. Tanto el Gobierno como los expertos independientes calcularon inicialmente que el precio medio diario de la luz en el mercado mayorista (común a ambos países) pasará de los cerca de 200 euros por MWh a unos 130 euros. Es decir, una rebaja superior al 30 %. Sumada la compensación al gas y el carbón, el precio final rondará los 160 euros por MWh. La rebaja inmediata en la factura final de los hogares y empresas con tarifa regulada será algo menor: de entre el 15 % y el 20 % . En un corto plazo, el incentivo para transitar del mercado libre al regulado será máximo.

¿A qué clientes afectará?

A casi todos, aunque en un principio se barajó la opción de que esas compensaciones recayeran sobre los clientes del mercado libre, de forma que no solo no se verían beneficiados sino que sufrirían un perjuicio, el esquema final no es así.

“La reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad: los del PVC ( tarifa regulada)lo notarán inmediatamente. Y los que tienen contratos con precios fijos lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo”, decía en mayo el Ministerio de Transición Ecológica, un extremo en el que se ha reafirmado este miércoles.

El 37 % de los hogares españoles están en el PVPC y el 70 % de los consumidores industriales tienen una tarifa indexada a ese precio, por lo que experimentarán una reducción “inmediata” en sus recibos, según el Gobierno. Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica.

Un mecanismo para abaratar la electricidad

La propuesta inicial de España y Portugal incluía un sistema de doble casación de precios que evitaba que los consumidores del resto de países miembros pudieran beneficiarse del mecanismo que abarata la electricidad en la península Ibérica. Este mecanismo se acompañaba, además, de restricciones a la exportación eléctrica. Pero estas precauciones se han caído durante la negociación con la Comisión Europea, y ambos países acabarán vendiendo electricidad subsidiada a Francia y al resto de Europa.

Sin embargo, hay dos factores para pensar que el impacto real de esa subvención sobre el bolsillo de los consumidores peninsulares será escaso. El primero es la baja tasa de interconexión, ese fue, de hecho, el principal argumento con el que Madrid y Lisboa lograron sacar adelante la llamada “excepcionalidad ibérica”, lo que limita de forma natural los volúmenes a intercambiar. El segundo es una novedad: la Comisión Europea permite que una parte de las rentas de congestión, que capturan la diferencia de precio entre el mercado hispanoluso y el francés, se destine a compensar a hogares y empresas por esa subvención involuntaria al país vecino.

Tania Esquer Bru

Trabajadora Social
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